donostia - La presentación ayer de un informe monográfico sobre la desaparición hace casi 41 años del dirigente de ETA(pm) Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, fue aprovechada para apelar a la “humanidad” de las personas que tengan cualquier información para que la aporten y se pueda esclarecer lo ocurrido, cerrar el caso y aliviar siquiera en parte el sufrimiento que sigue arrastrando su familia. “Es una llamada de atención” para remover el asunto y que pueda reactivarse una investigación “más exhaustiva” a partir de información nueva, aunque sea revelada “de forma anónima”.

El documento sobre el caso de Pertur ha sido elaborado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Es el primero de una serie denominada “Informes monográficos y estudios de caso” que anualmente abordará sucesos concretos relacionados con la violencia sufrida en la reciente historia de Euskadi.

En la elaboración del informe han participado Jon Mirena Landa, director de la Cátedra, y Bertha Gaztelumendi, que estuvieron acompañados en la presentación por Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos y Aintzane Ezenarro, directora de Gogora.

Sin novedades Nada nuevo en favor del esclarecimiento del caso aporta el informe. Se trata de una recopilación de toda la información recabada a partir de fuentes periodísticas, bibliográficas y judiciales. “Lo que se sabe y no se sabe sobre los hechos”, según apuntaron los autores del documento.

Y resumiendo, lo que se sabe es que existen dos hipótesis enfrentadas para explicar la desaparición del que fuera dirigente de ETA político-militar el 23 de julio de 1976 en Behobia: la que responsabiliza a elementos parapoliciales de extrema derecha como venganza por la desaparición en Iparralde de dos agentes de la policía española y la que señala a los comandos Bereziak de los ‘polimilis’, que se habrían librado de Pertur por su posición en favor de primar la línea política sobre la militar ante la llegada de la democracia. El documento no privilegia ninguna de las dos versiones, pero sí deja constancia de que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en Francia y en España “fueron deficientes desde un principio y a lo largo de los años sucesivos”.

Tal y como se señala en el informe, “desde que se produce la desaparición la falta de interés por una investigación eficiente y exhaustiva resulta evidente”. En Francia, al proceso abierto por el juez de instrucción de Baiona Jean Michel Larque se dio carpetazo en noviembre de 1977, cuando decretó su sobreseimiento. En el Estado español, la Audiencia Nacional reabrió la causa en 2008 a raíz de una querella presentada por la familia, pero cuatro años después la archivó provisionalmente sin que el juez Fernando Andreu descartara la veracidad de alguna de las dos hipótesis.

El trabajo presentado ayer, aborda también la situación jurídica del caso. Según los autores del documento, al caso no le afecta “ni la prescripción ni la ley de Amnistía”, ya que Pertur continúa desaparecido, lo que implica que “la antijuricidad de la conducta siga desplegándose y el delito siga cometiéndose”.