vitoria - El Plan Juncker ha esquivado las realidades subestatales, Euskadi incluida, y desde su activación en 2014 se ha centrado en insuflar fondos al club de los estados europeos para que una vez recibidas las inversiones públicas movilicen sus economías y generen más riqueza y actividad económica. Se trata de un plan de inversiones comunitario que hace de palanca para multiplicar el capital inicial recibido por los países. Algunos lo consideran como una versión renovada del Plan Marshall con el que Estados Unidos quiso ayudar a Europa Occidental mediante ayudas económicas por valor de unos 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de los países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial.

El encuentro entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el lehendakari Iñigo Urkullu ayer en Bruselas abre la puerta a que el itinerario de las inversiones del denominado Plan Juncker también pase por Euskadi, pese a no tener rango de estado. El dirigente europeo tiene en mente esa posibilidad y no descarta enviar a la CAV a los responsables directos de este programa de inversiones para su impulso y aplicación en sectores muy diversos, buscando proyectos concretos y empresas solventes, aunque con miedo a asumir ciertos riesgos y trabas regulatorias.

Estos fondos públicos europeos están dirigidos a la inversión en infraestructuras energéticas -incluidas las energéticas- y de transporte, pero también se extienden a la financiación de pymes, proyectos de investigación y desarrollo o economía digital. El año pasado el Gobierno español recibió 2.700 millones de euros en fondos de este plan y se estima que ese dinero habría conseguido movilizar una inversión de 14.700 millones, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía.

En los poco más de dos años de funcionamiento, este plan de inversión puesto en marcha por el antiguo primer ministro de Luxemburgo ha movilizado una cantidad aproximada de 164.000 millones de euros. El programa tiene vigencia hasta 2020, año para el que el ejecutivo europeo pretende una movilización de inversión de 500.000 millones de euros entre todos los estados de la Unión. - DNA