Bilbao - En el primer debate parlamentario sobre la flexibilización de la política penitenciaria celebrado tras el desarme de ETA del pasado 8 de abril, el PSOE se alineó ayer con el PP y rechazó una moción de EH Bildu en el Congreso que instaba a atenuar la situación de los presos gravemente enfermos, ya sea decretando su libertad condicional o la prisión atenuada. Este voto en contra de los socialistas, que junto al de populares y Ciudadanos hará decaer la iniciativa de la coalición abertzale en la votación de mañana, entra además en contradicción con la postura adoptada por el PSE en esta cuestión. Y es que la formación de Idoia Mendia apoyó un texto idéntico el pasado mes de marzo en el pleno municipal de Gasteiz, que hacía alusión a la situación del recluso de ETA y vecino de la capital alavesa Oier Gómez. Se da la circunstancia de que la Justicia francesa anuló el 24 de abril la condena de 15 años de cárcel de Gómez, atendiendo a la enfermedad terminal que padece y que le mantiene hospitalizado desde principios de año.

Ambas circunstancias, la coincidencia entre los escritos debatidos ayer en el Congreso y hace poco más de un mes en Gasteiz, y el paso adoptado por la Justicia gala respecto a un preso con una enfermedad incurable, fueron recordadas por la diputada de EH Bildu durante su exposición de la moción. Como contrapunto, citó la afirmación del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que solo se excarcelará a los presos a los que les queden dos meses de vida. La diputada abertzale acusó por ello al Gobierno español de moverse por “venganza” y no por “humanidad”, cuando “el derecho a la salud es un derecho universal”. De este modo, frente a la política penitenciaria “excepcional” defendió una “más garantista con la que puedan hacer frente a su enfermedad en condiciones, en la calle”.

En la votación de mañana se comprobará, por tanto, si los socialistas vascos en el Congreso contradicen el discurso que mantiene el PSE en Euskadi o si se saltan la disciplina de voto. Cabe recordar la propuesta de finales de marzo por la que el Parlamento Vasco reclamó al Estado francés el respeto a la ley en lo que a los reclusos con padecimientos incurables se refiere; solo el PP se desmarcó de esta iniciativa. En el debate de ayer en la Cámara baja, el diputado socialista Pedro Muñoz González rechazó la moción porque su grupo “no votará en el Parlamento qué tiene que hacer el juez de Vigilancia Penitenciaria”. La campaña de las primarias en las que está inmerso el PSOE para renovar su liderazgo, por la que tratará de evitar cualquier elemento desestabilizador, tampoco es ajena a este posicionamiento junto al PP en lo que a la política penitenciaria se refiere.

Paz y convivencia Toda vez que no se presentaron enmiendas a la moción de EH Bildu, los distintos grupos expusieron sus posturas directamente. En el caso del PNV, Mikel Legarda consideró necesario que los presos con enfermedades terminales puedan vivir sus últimos momentos en las condiciones “más humanas posibles”. Una reivindicación que enmarcó en el “proceso para un final ordenada de la violencia” por el que exigió a ETA su “desaparición y el reconocimiento del daño causado”. Con esta intervención, el PNV subrayó de paso la distancia que le separa del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de paz y convivencia pese al reciente acuerdo alcanzado en torno a los presupuestos estatales. A favor de la moción también se posicionaron ERC y Podemos, en cuyo caso la encargada de intervenir fue la secretaria general de la formación en Euskadi, Nagua Alba.

En el bando del no, además del PSOE, el PP y Ciudadanos negaron la afirmación de EH Bildu de que pedía la “libertad condicional para todos los presos enfermos”, no solo los de ETA. El popular Leopoldo Barreda les acusó de “tener otros intereses”, ya que “cualquier otro preso enfermo no les interesa”. Añadió que “en España es la normalidad democrática la que garantiza la asistencia a los presos” y reprochó a EH Bildu que “airee” las enfermedades de los presos de la banda y “oculte” los tratamientos que reciben.

El ministro Zoido, al que aludió Marian Beitialarrangoitia durante su intervención, volvió a pronunciarse ayer sobre esta cuestión, en este caso en el pleno del Senado. Admitió que el plazo inferior a los dos meses de vida para excarcelar a los presos enfermos “puede ser cuestionable”, pero insistió en que se trata de un criterio médico. Agregó que, en la actualidad, no hay “ninguna persona que esté en grave riesgo de perder la vida” en prisión.