madrid/vitoria - Apenas 24 horas después de que los votos de los cinco diputados del PNV salvarán a Mariano Rajoy el primer y decisivo trámite de los presupuestos del Estado español para este año, el Gobierno que preside anunció ayer que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley vasca de Reconocimiento de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos, conocida como Ley de víctimas de abusos policiales. No por esperado deja de ser un jarro de agua fría para el Ejecutivo vasco, que ayer volvió a defender la plena legalidad de la norma que pretende reconocer y reparar a los afectados por la violencia policial en Euskadi entre los años 1978 y 1999.

En su reunión semanal, el consejo de ministros decidió ejecutar el recurso contra la ley aprobada por el Parlamento Vasco el 28 de julio del año pasado con el apoyo del PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el voto en contra del PP y UPyD. La normativa pretende dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que no han sido reconocidas ni reparadas.

Las vulneraciones de derechos humanos que recogen la ley deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política, realizadas por “personal funcionario público” o por “particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada”. La ley excluye a las personas “que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta”.

El recurso se materializará probablemente el próximo 10 de mayo, fecha en la que termina el plazo legal para hacerlo. Será entonces cuando se conozcan los detalles del mismo y, sobre todo, si se recurre la totalidad de la ley o solo aquellos artículos sobre los que el Gobierno español ha mostrado objeciones desde el primer momento. Fuentes del Ejecutivo vasco consultadas por este diario apuntan a la posibilidad de que el recurso pedirá la suspensión de algunos artículos, por lo que la ley se mantendría en vigor. En cualquier caso, si las partes recurridas fueran muy nucleares, la viabilidad de la norma quedaría muy tocada y vaciada de contenido.

recurso parcial o total Desde el momento en que se sustancie el recurso, el Constitucional tendrá un plazo de cuatro meses para valorar las peticiones de suspensión cautelar y determinar si el recurso está justificado, aunque sin entrar en el fondo. La principal objeción del Gobierno español a la ley vasca es que la investigación de los delitos de abuso policial y la fijación de la autoría de los mismos corresponde a los tribunales de justicia y no a la comisión de valoración creada al efecto por el Ejecutivo vasco para analizar las solicitudes de los damnificados. Este órgano está formado por juristas y expertos en derechos humanos.

Los gobiernos vasco y español, a través de la comisión bilateral correspondiente, han estado negociando intensamente en las últimas semanas para evitar este desenlace, pero finalmente el recurso se materializará. El Ejecutivo de Urkullu mostró ayer su “decepción” por el recurso del Gobierno español y defendió su “legalidad y viabilidad”. En un comunicado, subraya que el articulado de la ley tiene garantizada la “plena seguridad jurídica, tal y como han corroborado expertos juristas” vascos, estatales e internacionales. Añade que “contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de de los derechos de las víctimas”.

EH Bildu considera que el recurso del Gobierno de Rajoy además de pasar por encima de la voluntad democrática de la sociedad vasca, es una prueba más de que “con el Estado no es posible la bilateralidad por mucho que Urkullu y Ortuzar se empeñen en vender así sus acuerdos con el PP”. “A las primeras de cambio Rajoy les ha dejado bien claro quién manda”, denunció Julen Arzuaga.