sevilla - El juicio de la pieza política de los ERE, que previsiblemente será el primero de esta macrocausa iniciada en 2011, se celebrará en una fecha aún por determinar con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El número de procesados se ha fijado una vez que la Audiencia de Sevilla dio ayer por resueltos los recursos presentados por los imputados, cuatro de los cuales han quedado fuera de la causa.
Además de los expresidentes, la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento de seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Entre los procesados hay también dos exviceconsejeros, dos directores generales de Trabajo, un interventor general de la Junta, un ex director general de Presupuestos, el exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y dos directores generales de la agencia pública IDEA, que pagaba las ayudas.
En esta pieza política se investiga el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2011 para ayudas a empresas, que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855 millones de euros, según el juez que dictó el auto de procesamiento contra los ex altos cargos, Álvaro Martín.
En su auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016, el juez exculpó a 24 ex altos cargos imputados inicialmente e incluyó a otros 26, y tras los recursos presentados, la Audiencia ha dejado en 22 los responsables públicos que se sentarán en el banquillo de los acusados.
El procedimiento específico tenía por objeto “eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, según el juez Martín, que estuvo de refuerzo en el juzgado de instrucción 6, cuya anterior titular, Mercedes Alaya, abrió la investigación en enero de 2011.
Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros y a pesar de las advertencias que se hicieron desde instancias públicas y privadas del mal uso de los fondos públicos, indicó el juez de refuerzo.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. - Efe
