madrid - La subdirectora general de Gestión Económica de la Comunidad de Madrid Concepción Brea afirmó ayer en el juicio del caso Gürtel que ordenó revisar el “maremágnum” de facturas por actos en los que participaba la expresidenta Esperanza Aguirre al detectar irregularidades.

La Audiencia Nacional reanudó ayer la vista de este caso de corrupción con la declaración de dos testigos, entre ellas dicha funcionaria, que recordó que con la llegada de Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid se incrementaron los eventos, hasta dos o tres diarios, y se comenzó a contratar con empresas del presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. “En la época de Alberto Ruiz Gallardón se hacían actos, a lo mejor uno al mes, pero ni mucho menos el volumen que había desde 2004, la mayoría en la sede de la Comunidad de Madrid con asistencia de la presidenta”, apostilló.

La testigo explicó que el entonces viceconsejero de Presidencia, el acusado Alberto López Viejo, era el encargado de contratar con esas empresas y manifestó que no sabe por qué se recurría a ellas reiteradamente a pesar de que tenían unos precios caros. “Las facturas tenían muchísimos defectos porque incluían conceptos genéricos, repetidos o duplicados, desconocidos y raros, y por eso muchas de ellas las devolvíamos”, relató.

Al respecto señaló en que ante esta situación López Viejo le dijo que Esperanza Aguirre quería que se licitara un concurso para el montaje de estos eventos. El concurso preveía 68 actos a una media de 4.000 euros cada uno, pero finalmente solo se llevaron a cabo seis en los dos años de gobierno. Afirmó, ademas, que a pesar de que al final del periodo de ejecución del contrato aún quedaba un remanente de 90.000 euros se emitieron 23 facturas con ese cargo.

Preguntada por los actos en la sede de la Comunidad de Madrid comentó que sabían que se celebraban “porque realizaban un montaje tremendo y parecía que iban a construir la torre Eiffel con tanto material”. De todas formas precisó: “Vimos que había facturas con muchos componentes que no se justificaban con los actos y por eso pedíamos aclaraciones a las empresas”. - Efe