madrid - Tan solo un día después de que la Audiencia Nacional citara al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como testigo para que aclare si existió una caja B en el PP, la formación popular vivió ayer un nuevo sobresalto con la operación Lezo, centrada en personas vinculadas al anterior Gobierno regional madrileño por operaciones “para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio” a través de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. A lo largo de la intensa jornada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a doce personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y practicó numerosos registros.

Esta operación supuso un torpedo en la línea de flotación del PP madrileño, al que dirigentes políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acusaron de estar en “proceso de descomposición”, una situación muy similar a la que ha vivido el partido en Valencia con su epicentro en la trama Gürtel. No en vano, los casos de corrupción están afectando de forma transversal a los últimos presidentes de la Comunidad de Madrid: la detención de Ignacio González se produjo en la víspera de que su antecesora y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, comparezca hoy en calidad de testigo en la Audiencia Nacional por Gürtel. Al mismo tiempo, el juez de la AN Eloy Velasco, que coordina la operación Lezo, citó a declarar ayer mismo como testigo, entre otros, a la actual presidenta de la región, Cristina Cifuentes, para ampliar información sobre la investigación.

La causa judicial, declarada secreta, investiga ocho delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Parte del supuesto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno madrileño se materializó con la compra por parte del Canal de Isabel II, cuando Ignacio González era su máximo responsable, de sociedades en Latinoamérica por un precio muy superior al de mercado. Algunas fuentes apuntaban a que las pesquisas se extendían a una presunta financiación ilegal del PP.

Entre los arrestados está también Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, y el hermano del expresidente madrileño como presunto testaferro. Mientras, la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, está siendo investigada. Cifuentes cesó a Sobrino hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, que gestiona los contratos de agua del Canal en países sudamericanos, después de que su nombre apareciera vinculado a varias sociedades offshore creadas en Panamá.

Registros Esta operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015 por las supuestas irregularidades del Canal de Isabel II. En julio del año pasado el Ministerio Público judicializó dicha investigación, momento en que agentes de la UCO comenzaron las pesquisas. También en verano de 2016, la Comunidad de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del Canal en América, en concreto por la compra-venta a un precio excesivo en 2013 de una compañía de aguas en Brasil.

Poco después, el actual presidente de la empresa pública, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas en Latinoamérica que tenían poca actividad o esta no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua. Garrido, que también es consejero de Presidencia, declaró ayer por espacio de una hora ante el juez Velasco. Este se desplazó a la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad para interrogar a cinco testigos, incluida Cristina Cifuentes, su jefa de Gabinete, Marisa González, y el director general del Canal, Rafael Prieto.

Un destacado dispositivo de la UCO de la Guardia Civil, de unos 20 efectivos, se personó en la sede del Canal de Isabel II en la calle Santa Engracia para recabar diversa documentación. También se registró la sede de Mercasa, la empresa pública de la que es directivo el hermano de Ignacio González, o la casa de subastas Segre que preside su mujer. El domicilio del expresidente madrileño en la exclusiva urbanización de Valdemarín fue objeto de un registro en el que la Guardia Civil empleó dos perros en busca de posibles billetes ocultos ante la presencia del propio González. El registro se prolongó diez horas y después comenzó el de su despacho en la calle Alcalá, en pleno centro. La previsión era que el detenido pasara la noche en el calabozo de Tres Cantos.

Dejado de lado La detención del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, y que acabó sustituyéndola al frente de la Comunidad de Madrid, es la última muesca de una trayectoria de 20 años en política salpicados por diversos casos de corrupción. Aquí se incluyen el caso Espionaje, que investiga presuntos seguimientos a cargos públicos en la región durante la etapa de Ignacio González en el Ejecutivo autonómico; la compra de su ático en Estepona a través de un testaferro y mediante una sociedad creada ad hoc, o las informaciones que ligaban a miembros de su gobierno con las tramas Gürtel y Púnica. González dejó la Presidencia de la Comunidad sin poder presentarse a las elecciones de 2015, ya que la dirección estatal del PP no confió en él y propuso como candidata a Cifuentes, a pesar de que él había manifestado su voluntad de encabezar la plancha. El partido le suspendió ayer provisionalmente de militancia.