Las cárceles de la CAV y Navarra tienen la capacidad para acabar con la dispersión

De salida, el amplio apoyo que cosecharon las declaraciones que avalaron la fórmula del desarme (todos menos el Frente Nacional en Iparralde -aunque el partido de Le Pen ha mostrado su apoyo esta semana-; y todos menos PP y UPN en Hegoalde) existe ya en materia penitenciaria. Una de las últimas voces en sumarse con claridad a las peticiones que PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han hecho para “otra política penitenciaria” ha sido estos últimos meses la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

Tanto es así que el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE contempla elaborar “una propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria, favorezca el acercamiento de presos e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios a la CAPV”.

Una propuesta que entre otras se concretaría, según avanzó el Gobierno Vasco al español en noviembre, en acercar a los reclusos a centros que se encuentren como máximo a 250 kilómetros de su origen. De momento, el PP no ha movido ficha, pero dirigentes populares reconocen puertas adentro que llegará un momento en el que habrá que moverla.

Más si, según publicó el diario El Mundo el 26 de marzo, el Gobierno de Mariano Rajoy consigue apoyos parlamentarios suficientes para una legislatura larga -el PNV reclama en sus conversaciones con el PP una implicación positiva del Ejecutivo-, lo que permitiría otro manejo de los tiempos. Más tras el 8 de abril y los cambios que provoca en un escenario que poco tiene que ver con el de 1996 y 1997, cuando en los meses en los que ETA secuestró a José Antonio Ortega Lara y asesinó, entre otros, a Miguel Ángel Blanco, el Gobierno que presidía el popular José María Aznar decidió acercar a 135 presos que se encontraban en segundo grado.

ETA cesó su actividad en 2011 y seis años después se ha declarado organización desarmada. Días antes de este anuncio, el rotativo madrileño anticipó la posibilidad de que esta reorientación penitenciaria comience en seis meses o incluso en agosto, siempre con un espacio de tiempo suficiente para que no se dé una interpretación acción/reacción respecto con Baiona.

Presos enfermos En el primer lugar de esa nueva estrategia se encontrarían los reclusos que presentan enfermedades graves, aunque el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, negara a tres días del desarme de ETA, que existieran reos con esta situación. Son 13 los presos que, según Sare, presentan una enfermedad grave y han hecho pública su situación, entre los que destacan los casos de Aitzol Gogorza, Ibon Iparragirre, Ibon Fernandez, Txus Martin y Oier Gomez. La red ciudadana advierte de que “hay otros nueve casos que prefieren no hacer pública su situación”.

Esta realidad ha tomado especial protagonismo. Además de por la situación de cada reo y sus allegados, diversos partidos reconocen su “máxima preocupación” ante estas situaciones que pueden derivar en escenarios fatales.

Alejamiento y dispersión Los 342 presos que cumplen condenas vinculadas a ETA se hallan en su gran mayoría en prisiones de los estados español y francés (unos 70 al norte del Bidasoa). Sare, que anuncia nuevas movilizaciones a partir de junio, publicó hace unos meses que el 80% está recluido a más de 400 kilómetros de distancia, algunos incluso a 1.000 (en la francesa de Bapaume y la española de Algeciras).

Este alejamiento ha llevado consigo la dispersión en diversas cárceles, ya que el alejamiento de los presos condenados por delitos vinculados con ETA no ha supuesto que estén en el mismo centro. Este hecho ha provocado las quejas de colectivos próximos a los reclusos. Si cuando ETA declaró el cese de sus actividades violentas su población penitenciaria superaba los 700 presos, la realidad ahora es bien diferente.

Seis años después, los presos vinculados con ETA se han reducido a casi la mitad tras el cumplimiento de las penas impuestas en las décadas de los 80 y 90, y por fallos europeos contrarios a la denominada doctrina Parot. Con cerca de 350 presos alejados y dispersos en las cárceles, y una desarmada ETA a punto de abordar el debate sobre su disolución, el futuro penitenciario vuelve a estar sobre la mesa y con él, la situación de las cárceles vascas y navarra.

La construcción de la prisión guipuzcoana de Zubieta (que con 588 celdas y capacidad para 1.100 presos quintuplicará a Martutene) ya está desbloqueada tras la venta de los terrenos en noviembre pasado, pero sin mirar a Basauri, la atención se dirige a Zaballa e Iruñea, inauguradas en los últimos cinco años.

Pese a la ausencia de datos públicos actualizados, ambas se encuentran lejos de una ocupación plena. En el caso de la capital navarra, ocho de sus 14 módulos estaban cerrados en 2016, mientras que distintas fuentes señalan que las 720 celdas de Zaballa presentan una ocupación “de más o menos la mitad”.

En otras palabras: los 342 presos de ETA repartidos entre España y Francia podrían caber no ya en las dos prisiones de reciente construcción, sino que cabrían en cualquiera de las dos. Eso sí, siempre que haya voluntad política para cambiar una política penitenciaria que en los próximos meses se demostrará si tiene los días contados.

342

Los presos vinculados a ascienden a 342, 70 de ellos en Francia. Del total de reclusos, 13 han hecho público que se encuentran gravemente enfermos, cifra que Sare eleva a 22 con otros 9 casos que prefieren mantener su situación en privado.

3.500

Sin contar la de Basauri, las tres nuevas cárceles de la CAV y Navarra (Zaballa e Iruñea, construidas; Zubieta, próxima a comenzar su construcción) podrían albergar a cerca de 3.500 presos. Ahora mismo, la alavesa y la navarra rondan un 50% de ocupación.