Llegó, por fin, la fecha deseada tras casi un mes de desazonada expectación. Demasiado largo se nos fió, para un tema que parecía sostenido con alfileres y que podía ir al traste por cualquier imprudencia, cualquier provocación o, simplemente, por un exceso de arrogancia.
El desarme de ETA, oficializado ayer, día 8, aunque a la espera de los flecos pendientes, es un acontecimiento suficientemente importante como para dedicarle una reflexión que, por pasar a limpio, nos merece una mirada al pasado, otra al presente y otra al futuro.
Tanto riesgo asumido, tanto sufrimiento padecido, tanto preso, tanto muerto, tanto asesinado, tanto desarraigado, tanto amenazado, tanto terror vivido y provocado, tanto bienestar común perjudicado, por nada y para nada. Penoso balance para tanta energía desperdiciada, porque las armas ahora definitivamente entregadas no trajeron a Euskal Herria ni la independencia, ni el socialismo, ni la reunificación. Maldita etapa de violencia que, además, destapó la peor cara del poder, el terrorismo de Estado, la justicia subordinada, la manipulación mediática, la crueldad y la venganza.
A día de hoy, dicen que histórico, las instituciones, los partidos y los sindicatos de este país tienen en cuenta a todas las víctimas que han sido consecuencia y resultado irreversible de este ciclo histórico sin sentido.
Son muchos más los que han arrimado el hombro para que el desarme fuera hoy una realidad. Tantos, que no sería justo que nadie se lo adjudique en propiedad ni lo patrimonialice como éxito político. Los partidos vascos, los sindicatos, los notables de Iparralde, han allanado el camino, el Gobierno Vasco ha realizado innumerables gestiones para engrasar el complicado engranaje, el Gobierno navarro que remó en la misma dirección, ambos parlamentos que avalaron los pasos dados, los mediadores internacionales que a pesar de tropiezos, zancadillas y frustraciones han perseverado en su misión fundamental de verificadores. Y ya puestos, sin olvidar su funesta e inexplicable renuncia a aceptar la entrega de las armas, los gobiernos español y francés al final, al menos, han dejado hacer. La historia juzgará su desidia pasada.
Puesto que el día después del desarme continuarán centenares de personas presas en las cárceles españolas y francesas acusadas de vinculación a ETA, para su resolución será necesario un cambio de actitud y aceptar sin fintas ni regates la legalidad penitenciaria. Queda pendiente, también, el compromiso del Gobierno español para aceptar acuerdos con las instituciones vascas de cara a modificar su política penitenciaria y renunciar a las medidas de excepción que hasta ahora viene aplicando.
Por último, en esta nueva etapa que se abre el Gobierno Vasco deberá desarrollar el Plan de Convivencia normalizada y con memoria que recientemente ha presentado para el final ordenado de la violencia. Y que no quede en puro anuncio.
