Pamplona - Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación en la Transición; José Luis de Gordoa y Quintana, gobernador civil de Nafarroa entre 1972 y 1976; Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, su sustituto hasta julio de 1977; cinco exgobernadores militares: los generales Enrique Padilla López (1935), José Fullana Pons (1972-1973); Luis Sánchez Sáiz (1973-1976), Ricardo Cortés de la Escalera (1976-1978) y Álvaro Lacalle Leloup (1978-1980); y el miembro de la seguridad del Estado durante la dictadura Antonio Creix figuran en la relación de querellados que incorpora el escrito presentado ayer por el Ayuntamiento de Iruñea en el juzgado contra los crímenes del franquismo cometidos en la ciudad.
En la querella también se solicita que se tome declaración en calidad de testigo al exalcalde de Ansoain Alfredo García López; y el acceso a documentos relacionados con los casos denunciados, como son los archivos de la Guardia Civil, la Policía, la comandancia militar e instituciones penitenciarias. Se trata de la primera iniciativa de este tipo que se presenta en el Estado español y de su admisión a trámite por parte del juzgado correspondiente dependerá que los cargos de la dictadura que aparecen como querellados -9 en total- sean citados a declarar. Es lo que solicita la abogada Lourdes Etxeberria, que acudió ayer a la Audiencia Provincial de Nafarroa para formalizar su presentación.
Estuvo acompañada por una nutrida representación municipal, con el alcalde Joseba Asiron, las ediles Itziar Gómez (Geroa Bai), Maite Esporrín (PSN), Edurne Eguino (I-E) y Joxe Abaurrea (EH Bildu). También quiso estar en el acto Gloria Bosque, que padeció la represión de la dictadura y que, en nombre de afectados y familiares, “saludó gratamente” la iniciativa del Consistorio, reclamando “la justicia negada” durante años.
Otro medio centenar de personas, la mayoría relacionadas con los movimientos sobre memoria histórica de la ciudad, arropó con su presencia la iniciativa municipal. La querella, que solicita la investigación de hasta 309 muertes y más de mil encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Iruñea, se ha centrado en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se han adherido a la denuncia y serán querellantes con el Ayuntamiento.
La denuncia se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento a la UPNA sobre la vulneración de derechos humanos durante ese periodo en la capital navarra, cuyas conclusiones confirmaron que 309 vecinos de Iruñea fueron asesinados o murieron en cautividad durante el franquismo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme.
En total, consta que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han validado y cientos más que saldrán a la luz al realizar este trabajo.
