Bilbao - El cambio se consumó ayer en la Fiscalía de la CAV con la toma de posesión de Carmen Adán como fiscal superior en sustitución de Juan Calparsoro, que fue nombrado en octubre de 2010 por el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido. Ahora ha sido el actual máximo representante del Ministerio Público, José Manuel Maza, designado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el que ha optado por Adán, una decisión que se afanó en explicar ayer durante el acto solemne celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao.

Tras recordar que, “entre las muchas responsabilidades” que tiene su cargo, se incluye la de proponer los nombramientos de fiscales, Maza justificó este relevo en la “conveniencia de aprovechamiento de todos los recursos personales” de la Fiscalía Superior de la CAV. Destacó además “las posibilidades que el Estatuto orgánico” de esta institución “ofrece para la renovación, en una línea de continuidad institucional, que permite aprovechar y rentabilizar la inmensa riqueza de efectivos personales con que cuenta el Ministerio Fiscal”.

Un llamamiento a la continuidad que se contradice en este caso con la elección de la hasta ahora fiscal jefe de Bizkaia en detrimento de los otros dos aspirantes al puesto: el propio Calparsoro y el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre. Una decisión que el fiscal general adoptó el pasado 22 de febrero pese al dictamen en sentido contrario del Consejo Fiscal Vasco, que previamente había apostado por la continuidad del progresista Calparsoro en una votación cuyo resultado no es vinculante.

En lo que a la toma de posesión en sí se refiere, tanto José Manuel Maza como el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y la propia Carmen Adán reconocieron la labor desempeñada durante su mandato por Juan Calparsoro, que seguirá como número tres en la Fiscalía vasca. Ante una amplia representación de cargos políticos, autoridades militares y miembros de la judicatura, la nueva fiscal superior de la CAV afirmó que afronta esta tarea con interés especial en “velar por la independencia de jueces y tribunales, y en informar a la opinión pública”, así como en garantizar que se cumple la “presunción de inocencia”.