El hasta ahora presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, sorprendió ayer en su discurso de despedida del cargo al admitir el fracaso de este órgano a la hora de dar solución al proceso soberanista catalán. Esta circunstancia le ha llevado a concluir que el actual conflicto entre el Estado español y Catalunya no puede ser resuelto por la vía judicial, y más en concreto por la acción del alto tribunal que ha presidido en los últimos cuatro años. Emplazó por ello al diálogo político entre los dos gobiernos enfrentados, un hilo directo de comunicación que, defendió, debe ser “permanente”.
De los Cobos fue nombrado miembro del Constitucional en enero de 2011 a propuesta del PP, y accedió a la presidencia del mismo en junio de 2013. Durante este periodo, el tribunal se ha mostrado inflexible con un procés que se ha caracterizado por su excesiva judicialización, sobre todo por impulso del Gobierno español. De forma paradójica, las sucesivas denuncias ante los tribunales no han frenado el avance del independentismo en Catalunya, sino que, muy al contrario, lo ha impulsado. Buena prueba de ello es que, un día después del fallo del TSJC que inhabilitaba al expresident Artur Mas durante dos años, el Parlament aprobó la reforma del reglamento para acelerar la desconexión.
En su salida de la presidencia tras cumplir su mandato -ayer también dejó el cargo la hasta ahora vicepresidenta Adela Asúa-, y tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado -Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer-, Pérez de los Cobos se sinceró y dijo que las resoluciones dictadas sobre el procés, como la de marzo de 2014 que anuló la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlament, pretendieron dos cosas que “por desgracia no se han conseguido”: se refería a “salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional” y reconducir el denominado “derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución”.
Concluyó por ello, ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados de las Cortes, que asuntos como “el llamado proceso soberanista catalán no pueden ser resueltos” por este órgano. “Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este tribunal, cuyo función es velar por la observancia estricta de la Constitución”, insistió, para añadir que los poderes públicos “y muy especialmente los territoriales” son quienes están “llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas de ese ámbito”.
“Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado”, dijo en referencia a la decisión de tumbar la declaración por el derecho a decidir. Definió por ello el diálogo entre las diferentes formaciones como “una necesidad inexcusable y urgente”. “El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles”, aseveró.
Ello no fue óbice para que Francisco Pérez de los Cobos defendiera “la solvencia jurídica” y la “vigencia del planteamiento” de las resoluciones del alto tribunal, pese a que no lograran sus objetivos. Incidió por ello en que si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano “y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano”. Por ello, destacó que el reconocimiento al pueblo de Catalunya de la cualidad de soberano resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución. Concluyó admitiendo que la Carta Magna “es reformable, aunque siempre y cuando se observen los procedimientos previstos al efecto”, y que el derecho a decidir es una aspiración política susceptible de ser defendida dentro de la Constitución, aunque siempre “mediante un proceso ajustado a la legalidad”.
El Govern, sin fisuras Mientras, ayer continuó la resaca de la sentencia que inhabilitó a Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, y el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, recordó el compromiso para que sea el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont en pleno el que firme el decreto de convocatoria del referéndum, pese al riesgo de inhabilitaciones. Defendió que “este tipo de decisiones las tomemos de forma colectiva” puesto que ello “da seguridad y confianza” tanto en Catalunya como “de cara al exterior”.
En esta misma línea, el conseller de Interior, Jordi Jané, garantizó que no habrá “ninguna brecha” dentro el Govern ante una eventual convocatoria del referéndum independentista, ya que el gabinete de Puigdemont “va a una” y actuará de forma colegiada. Así, en una rueda de prensa destacó la “cohesión interna” del Ejecutivo y concluyó: “no quieran buscar brechas dentro del gobierno porque no las encontrarán”.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no pudo eludir ayer este debate y, en el Pleno del Congreso, respondió al portavoz de Joan Tardá que su Gobierno no “amenaza a nadie” sino que defiende el cumplimiento de la ley porque “sin ley no hay democracia”. Además, destacó que “nadie” hace caso en Europa a los independentistas catalanes. “La gente quiere democracia y que los gobernantes respeten la ley”, zanjó.
