Cuatro guardias civiles acusados de torturar a Sandra Barrenetxea del 14 al 17 de septiembre de 2010 coincidieron ayer en apuntar que el trato a la arrestada, que denuncia diversos delitos de agresión sexual, torturas y lesiones, fue similar al que recibe “cualquier otro detenido”. Sin contestar en ninguna ocasión a las preguntas de la acusación particular, que pide una condena de 19 años para los agentes Jorge Rodríguez Iglesias, José Carlos Arranz Marina, Fernando Huete Chaparro y Ruben Villalba Carnerero, todos testificaron en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Bizkaia que la atención fue “correcta” durante los tres días que pasó incomunicada hasta que pasó a la Audiencia Nacional.

Los cuatro agentes permanecieron media hora respondiendo a la Fiscalía -que formuló el mayor número de interpelaciones pese a que no ejerce de acusación por entender que no existen delitos- y su letrado defensor. Pero la vista oral, celebrada ante una sala abarrotada por la asistencia de numerosos compañeros de los acusados, arrancó con la negativa de los magistrados a incorporar diversas pruebas periciales y documentales de la defensa y la acusación, además de apartar a la Abogacía del Estado después de que la acusación particular, dirigida por la abogada y parlamentaria de EH Bildu, Jone Goirizelaia, renunciara a reclamar una indemnización del Estado en esta primera etapa del proceso.

El momento más destacado llegó cuando los encausados, para los que su defensa pide su absolución, tomaron la palabra. Negaron haber realizado prácticas de tortura como insultos y amenazas, vejaciones sexuales o agresiones, tal y como se desprende de la denuncia. A grandes rasgos, resaltaron que “en ningún momento” se dieron irregularidades. Ni el abogado de oficio que le fue asignado a Barrenetxea -arrestada por pertenencia a Ekin- para prestar testimonio ni las pruebas forenses arrojaron que existiera una situación anómala. “Estaba como todas las personas que llevan varios días detenidas. Agotada”, sostuvo Villalba Carnerero. “No tengo conocimiento de golpes, ni malos tratos, ni ella dijo nada cuando estaba en presencia del letrado”. Si hubiese habido maltrato, “se hubiese dejado constancia”, zanjó.

En el traslado de Barrenetxea a Madrid del 14 de septiembre participó Arranz Marina, quien aseguró haber utilizado un vehículo camuflado para llevarla a Madrid. Fue en ese automóvil donde la arrestada relató haber sido desnudada de cintura para arriba, lo que el agente calificó de “falso”. Rodríguez Iglesias, por su parte, afirmó no haber protagonizado los hechos que le imputa la acusación particular. En esas tres jornadas de detención incomunicada, en las que se denuncia el grueso de las torturas, velaron por que se cumplieran “todos sus derechos y su seguridad. No hay mucho más que decir”, apostilló. Asimismo, y a preguntas de la Fiscalía, afirmó que la detenida pudo ser visitada visitada con regularidad por un forense, aunque reconoció que únicamente mantuvieron contacto por “si había que administrarle medicamentos”. Huete Chaparro, por último, ahondó en que “de ninguna manera” hubo golpes en la cabeza, un conato de violación o amenazas.

El juicio prosigue esta mañana con la declaración de Barrenetxea, cuyo caso ha sido el único de los 9 detenidos de Ekin en 2010 que llega al juzgado. Su relato puede ser clave para enterrar la tesis de la defensa, que enclava la denuncia en la estrategia de ETA de ordenar a sus militantes de realizar “denuncias falsas”.