madrid - Dos de los once acusados en el caso Pretoria de corrupción urbanística en Catalunya, Gloria Torres y Philip McMahan, aceptaron ayer una pena de seis meses de cárcel por ayudar a ocultar comisiones ilegales percibidas por el exconseller de Economía catalán, Macià Alavedra. El pacto con la Fiscalía se dio en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional en el que el Ministerio Público reclama condenas de hasta ocho años de cárcel para los otros nueve acusados, entre los que se encuentra otro hombre de confianza del expresident de Catalunya Jordi Pujol como el que ejerciera de secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta.

Torres y McMahan reconocieron haber contribuido en la “ocultación y reinversión” de cantidades millonarias que percibió Alavedra, para el que reclaman 6 años y 10 meses de prisión, a través de un complejo entramado de sociedades opacas. Los delitos a los que se enfrentaban eran el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales en el marco de esta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona entre 2001 y 2009, con la que se habrían defraudado unos 45 millones de euros. La Fiscalía también ofreció una rebaja en su petición de pena para el propio Alavedra -a cambio de su confesión y una multa de 10,3 millones de euros- y Manuel Carrillo -para quien solicita tres años de cárcel por sobornar supuestamente al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz- pero que la concretaría en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio dependiendo del contenido de sus declaraciones.

La Fiscalía también pide la pena máxima para el supuesto líder de la trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García Luigi, que podría ser condenado a ocho años de prisión y una multa de 2,6 millones de euros. Está considerado como presunto “conseguidor” que “lideró junto con la indispensable colaboración de Manuel Valera” un entramado dirigido a “manipular adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas”. Por ellas se habría llegado a embolsar, en colaboración con Prenafeta y Alavedra, “cuantiosas comisiones” que ascienden “cuando menos” a 5,9 millones de euros que ocultó al fisco. - Efe