madrid - “No sé lo que es la mafia del canapé”. Con esta frase, un sorprendido ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondió a la pregunta que le trasladó ayer el grupo parlamentario de Podemos sobre la presunta existencia de una “red de influencias y de complacencia” que uniría a cargos políticos, jueces y empresarios con el fin de satisfacer intereses comunes. Todos ellos se reunirían para hacer frente común en “actos de canapé como los palcos de los partidos de fútbol, comidas en restaurantes elegantes o recepciones”, relató la portavoz morada en el Congreso, Irene Montero; de ahí el exótico nombre de esta supuesta red.

Durante la sesión de control al Gobierno español, Montero fue prolija en detalles y expuso varios ejemplos del funcionamiento de esta mafia del canapé. Comenzó explicando que “los magistrados de la cúpula judicial empezarían a conocer a los empresarios que luego están implicados en juicios mercantiles e incluso penales y laborales, y también a la altas esferas de la política a las que luego tienen que juzgar por casos de corrupción del PP”. Citó al exministro de Industria José Manuel Soria, que según ella habría fabricado pruebas “con el juez Alba y el empresario Ramírez” en contra de la magistrada Victoria Rosell.

La diputada habló además “del ejemplo Aznar” en relación con el expresidente del Gobierno y recordó que cuando éste llegó al Ejecutivo su amigo Juan Villalonga fue nombrado presidente de Telefónica, su compañero Miguel Blesa en Caja Madrid y el exministro Rodolfo Martín Villa ocupó la presidencia de Endesa. “Desde Génova se mandaba y desde Caja Madrid y Bancaja se financiaban las cosas que ustedes querían”, censuró. En cuanto a los papeles de Bárcenas, subrayó la presencia en los mismos de empresas con “pagos de 380.000 y 530.000 euros”.

Rafael Catalá se zafó señalando que “en España hay justicia independiente e igual para todos que funciona cada día porque hay 5.500 jueces que hacen su trabajo con total cualificación”. Contraatacó además con las becas black, los contratos en negro y la especulación con vivienda pública que achacó a Podemos. - DNA