BARCELONA - El procés catalán sufrió ayer un revés, pero esta vez no llegó de fuera de las fronteras de esta comunidad, sino desde su propio entramado institucional. Y es que el Consell de Garanties Estatutàries declaró contraria a la Constitución y al Estatut la disposición de los Presupuestos de este año que contempla una partida para la celebración del referéndum independentista. El órgano consultivo del Govern, encargado de velar por la adecuación de la leyes a la Carta Magna y al Estatut, es conocido como el Tribunal Constitucional catalán. Pese a que sus pronunciamientos no son vinculantes, tienen un gran peso para la Generalitat, que suele atender a los mismos. Ayer, sin embargo, diversos representantes del Ejecutivo catalán aseguraron que la hoja de ruta soberanista, que prevé la celebración de un referéndum como muy tarde en septiembre, sigue adelante como hasta ahora.
La petición de dictamen del Consell fue impulsada por Ciudadanos, PSC y PP, y la resolución final se ha adoptado por unanimidad de sus nueve miembros -seis de ellos nombrados a propuesta del Parlament y tres del Govern-. Tal y como informaba ayer El Periódico, el ponente del escrito fue Àlex Bas, antiguo asesor jurídico del grupo parlamentario de CiU. La disposición adicional tumbada por este órgano establece que la Generalitat debe contemplar una partida para hacer “un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento que se convoque”. El Consell la declara inconstitucional por ser contraria al artículo 149.1.32 de la Constitución, según el cual estas votaciones son competencia “exclusiva” del Gobierno español. “La jurisprudencia constitucional no reconoce a la Generalitat la potestad de regular ni de convocar una consulta refrendaria sobre el futuro político de Cataluña”, asegura el dictamen.
No obstante, el documento conocido ayer sí ve legales los 5,8 millones de euros que la Generalitat prevé para “procesos electorales” este año. El órgano manifiesta que esta cuantía no puede declararse inconstitucional porque “no se concreta” a qué se destinará, por lo que su legalidad no puede determinarse hasta que se precise. Recuerda además que la Generalitat tiene competencias en “régimen electoral y participación ciudadana”; debido a ello, ve legítimo que incluya un epígrafe en sus presupuestos para este tipo de procesos electorales. El Consell hace constar, eso sí, que no coincide en “aspectos sustanciales” de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de referéndums, como por ejemplo que impida a la Generalitat la posibilidad de convocar consultas no refrendarias.
Mandato ciudadano Este dictamen provocó ayer una catarata de reacciones, empezando por los representantes del Govern, que no variaron un ápice sus posiciones pese a la contundencia del mismo. El president catalán, Carles Puigdemont, aseguró que el referéndum independentista se convocará porque “la partida económica con el dinero reservado para hacer un referéndum está perfectamente avalada”, lo que calificó de “buena noticia”. Por su parte, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, reafirmó que el Ejecutivo “tiene un compromiso parlamentario y también un mandato de los ciudadanos” a fin de organizar el referéndum, lo que mantendrán. “Entendemos que es perfectamente legal y democrático”, zanjó.
En la misma línea, el vicepresident del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras (ERC), subrayó que el gabinete de Puigdemont “mantiene su compromiso” de celebrar un referéndum. “La prioridad de este Govern es que los ciudadanos de Catalunya puedan decidir su futuro a través de sus votos”, dijo, pese a lo que señaló que la Generalitat “siempre estudia los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias”. Precisamente hoy, ERC celebrará en el Fòrum de Barcelona un gran acto político para reafirmar su compromiso de culminar el proceso independentista con la consecución de una “república catalana”.
La reacción por parte del Gobierno español fue bien diferente, y el portavoz del gabinete de Mariano Rajoy, Iñigo Méndez de Vigo, recomendó a la Generalitat que haga caso a su propio órgano consultivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que el Consell “es un órgano de la Generalitat que dice que está cometiendo actos inconstitucionales”, por lo que instó a Carles Puigdemont a “no seguir haciendo cosas que sus propios órganos rechazan”.
En el caso de los partidos que presentaron el recurso que ha desembocado en la resolución del Consell de Garanties Estatutàries, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, acusó al Govern de estar instalado en el “bandolerismo democrático” y le exigió que retire las partidas para el referéndum. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, dio por muerto el “victimismo” soberanista. “Es el game over de Puigdemont. Su aventura ha terminado”, valoró.
