MADRID - El PP ha pedido la devolución de la fianza de 1,2 millones que tuvo que depositar para responder en concepto de responsable civil subsidiario en la causa por los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del partido, pendiente aún de ser juzgada. La posición de la fiscalía sobre la fianza del PP será una de las primeras decisiones que asumirá Anticorrupción bajo el mandato de Manuel Moix .
En un escrito a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde enjuiciar estos hechos, el PP recuerda que su responsabilidad es “subsidiaria” y entiende por ello que las cantidades depositadas por los responsables directos como Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede de la calle Génova, cubren toda esa fianza.
Cuando en mayo pasado el PP fue llamado a pagar la fianza en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el partido recurrió sin éxito al entender que al reclamarle esa fianza no se habían tenido en cuenta los bienes ya depositados por algunos de los responsables directos, por que de haberlo hecho no se habría requerido depósito al responsable “subsidiario”. “Habiéndose afianzado un total” de 15,6 millones de euros por parte de todos los acusados en esta causa, el PP no entendía “por qué dicha cuantía no afectó, como necesariamente debería haberlo hecho, a las cuantías requeridas a esta parte”, que “no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro”.
error Los abogados del PP consideran que los bienes puestos a disposición del Juzgado por los acusados “serían suficientes” para cubrir la fianza exigida al partido, al que “no cabría exigir prestación de fianza alguna” a no ser que se le esté dando al PP el tratamiento de responsable solidario en lugar de subsidiario. El PP calificaba así de “error” que De la Mata le reclamara esa cantidad con el argumento de que no han sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- y Unifica, que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 4 millones. El juez De la Mata acordó estas fianzas en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas y en el que sostenía que el PP pagó con fondos procedentes del circuito opaco de donativos la reforma de su sede.
Según el juez, consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política”. Parte de esas donaciones las habría destinado “al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial”.
El juez instructor propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documenta.
El juez consideró acreditado que el partido defraudó a Hacienda por no declarar las donaciones ilegales en 2008, de las que será responsable civil subsidiario. Idéntico gravamen le atribuye por el pago de 1.5 millones en negro por su sede central. La justicia también ha constatado la existencia de varias cajas negras en el partido. Además de la central, el auto de apertura de juicio oral del juez José de la Mata corroboró este método contable paralelo en Vizcaya y La Rioja. - DNA
