Guillermo Zapata, los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García, el cantante de Def con Dos César Strawberry, el rapero valenciano Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, y ayer Alfredo Remírez Marañón. Son los nombres de los últimos condenados por un delito de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales o, como en el caso de los titiriteros, en una obra de títeres.

A todos estos condenados hay que añadir los que esta misma semana tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Hoy mismo están previstos dos juicios, aunque como en el caso de lo sucedido ayer con Remírez Marañón, no es descartable que se llegue a un acuerdo para evitar la vista. El fiscal pide dos años y medio de prisión y multa de 5.400 euros para Javier Martínez Rastrollo por, según la acusación, “publicar de manera habitual y continua” en Twitter mensajes en los que se apoyan actos de ETA y Grapo. También hoy se verá el juicio contra José María Lastra por la denuncia interpuesta por Pablo Gustavo Broseta por unos comentarios subidos a Youtube en relación al asesinato del catedrático Manuel Broseta a manos de ETA. La fiscalía pide dos años de prisión y una indemnización de 3.000 euros para cada uno de los hijos de Broseta.

Habiéndose aplazado el juicio que se debería celebrar mañana contra Cassandra Vera por unos chistes en Twitter sobre el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, este maratón de juicios por delitos de enaltecimiento se cerrará el jueves con la vista contra Arkaitz Terrón, Xabier Zelaia y Jordi Clara por comentarios en Twitter o Facebook.

Desde que ETA decretó el final de su actividad armada en 2011, a lo largo de los últimos años han ido en aumento las acusaciones por delitos de enaltecimiento. Los datos hablan por sí mismo. En 2007 hubo tres sentencias por este delito; un año después, en 2008, una única resolución judicial; y en 2009, seis sentencias. En 2015, cuatro años después del final de la violencia de ETA, las sentencias son 25.

actores secundarios Jon Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, lo tiene muy claro. “A falta de lo que se puede considerar los actores principales, miembros de ETA, ahora ha cogido protagonismo lo que se puede llamar ‘’tipos periférico’ protagonizados por actores secundarios”, asegura. En similares términos se expresa el abogado Aitzol Asla, para quien “es paradójico que ahora que ETA no mantiene ninguna actividad, se hayan multiplicado los casos de los denominados delitos de enaltecimiento del terrorismo”.

Landa señala que las continuas reformas del Código Penal están en la raíz de este incremento de sentencias derivadas del delito de enaltecimiento. “Antes este delito o el de apología del terrorismo se refería a un hecho concreto. A la incitación clara de cometer un delito. A partir del año 2000 se ha ido cambiando el Código Penal y las diferentes reformas han abierto el campo para que se presenten más denuncias”.

Aitzol Asla se refiere también a la actuación de diferentes asociaciones de víctimas, “que puedo entender que muchas veces hay comentarios que son de mal gusto, pero una cosa es eso, que sean de mal gusto, pero no para que estas asociaciones quieran llevar a juicio a los autores”. De hecho, Lucía Carrero-Blanco, nieta del almirante asesinado por ETA, publicó una carta en El País en la que tachaba de “absoluto disparate” la solicitud de penas de cárcel para Cassandra Vera por publicar chistes sobre su abuelo. La nieta de Carrero-Blanco afirmaba que los comentarios subidos a Twitter eran de mal gusto, pero pedir cárcel por ello no genera respeto, sino temor.

Jon Mirena Landa coincide en la apreciación de Lucía Carrero-Blanco al considerar que estos juicios por enaltecimiento pueden menoscabar la libertad de expresión. “Una democracia asentada y potente debe saber distinguir entre opiniones que pueden ser consideradas de mal gusto de las que tienen una consecuencia penal. El hecho de que la gente no hable por si acaso, es una derrota de la democracia”, asegura.

Para el catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU hay otro factor a tener en cuenta, lo elevado de las penas. “Es desproporcionado que por algunos casos de homicidio la pena pueda ser de cinco años y que la semana pasada por comentarios de Twitter le hayan condenado al rapero balear a tres años y medio”.