madrid - Tras permanecer más de tres años en prisión provisional a la espera de ser juzgada como miembro del frente jurídico de ETA, la Audiencia Nacional impuso ayer una fianza de 20.000 euros a la abogada Arantza Zulueta para poder salir de la cárcel y preparar así su defensa. La sección tercera de la AN explica en un auto que ha tenido en cuenta su condición de letrada y la cercanía del inicio del juicio oral en su contra. “La complejidad del procedimiento determina la conveniencia de asegurar que pueda preparar su defensa de un modo óptimo”, asevera. Los magistrados añaden que a estas alturas, y dado que Zulueta permanece encarcelada desde enero de 2014, no hay riesgo de reiteración delictiva. Destacan asimismo “la ausencia de actividad” del frente de cárceles de ETA.

Velasco la procesó en abril de 2016 por un delito de integración en ETA y la Fiscalía le pide 19 años de cárcel como una de las responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, desarticulado en 2010 y que supuestamente también integraba el exsenador de Amaiur Iñaki Goioaga. La Audiencia Nacional considera que, “dada la gravedad de las penas” que pide la Fiscalía, el riesgo de fuga “no es inexistente, y por ello obliga a la abogada a pagar los 20.000 euros para salir de prisión. Además, cuando lo haga deberá acudir asimismo cada quince días a firmar al juzgado más próximo a su domicilio hasta que se dicte la sentencia del juicio y esta sea firme, le retirará el pasaporte y le prohibirá salir de España.

En el juicio contra Zulueta, para quien el fiscal pide 12 años por integración en organización terrorista, otros siete por depósito de armas y explosivos y 14 años de inhabilitación para cargo público, también se sentará en el banquillo el abogado Jon Enparantza, que se enfrentará a una petición de 12 años de prisión por pertenencia a ETA y 13 años de inhabilitación. Según el escrito de acusación, Zulueta pasó en 2006 a ser la máxima dirigente del colectivo de abogados de ETA con una “comunicación permanente” con la dirección de la banda. La acusa de participar en el cobro del impuesto revolucionario y de recabar informaciones sobre varios objetivos, entre ellos el rey emérito Juan Carlos I, la expresidenta del PP de la CAV María San Gil o la propia Audiencia Nacional. Según la Fiscalía, el frente de makos tenía como objetivo mantener el control sobre la “homogeneidad de pensamiento y acción” en las prisiones como forma de garantizar la “cohesión” de la banda y presionar a los gobiernos de España y Francia.

“Evidente riesgo de fuga” Tras conocerse la imposición de la fianza a Arantza Zulueta, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclamó a la Audiencia Nacional que ordene su permanencia en prisión. Alegó para ello en un escrito el “evidente riesgo de fuga” que existe, precisamente a consecuencia de la próxima celebración del juicio, en el que está a punto de decretarse la apertura de juicio oral. - DNA