Palma - La sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares que hace una semana condenó a Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel por el caso Nóos, acordó ayer que el marido de la infanta Cristina permanezca en libertad provisional hasta que el pronunciamiento de la Justicia no sea firme. Urdangarin no deberá abonar fianza alguna y tan solo tendrá que cumplir con comparecencias mensuales en Ginebra, la ciudad suiza en la que reside, además de la obligación de comunicar cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea o cambio de residencia. El auto del tribunal basó su decisión en el “arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional” del acusado, un argumento parecido al utilizado para su socio de negocios del Instituto Nóos, Diego Torres, que por ahora tampoco ingresará en prisión aunque le haya sido retirado el pasaporte.
El tribunal compuesto por las magistradas Samantha Romero -en su papel como presidenta-, Rocío Nobelda y Eleonor Moyá desestimó la petición de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Pedro Horrach de establecer una fianza de 200.000 euros para que Urdangarin esquivara la posibilidad de ingresar en prisión. La cantidad impuesta a Torres fue sensiblemente inferior, de 100.000 euros en total, debido a que la cuantía de las fianzas se suele fijar en base a la capacidad económica de quienes se sientan en el banquillo. A esas peticiones de Horrach se sumaron la Abogacía del Estado y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, mientras que las defensas de ambos rechazaron la aplicación de medidas cautelares a la vista de que no existen riesgos de fuga. Finalmente ninguno de los dos acusados entrará en la cárcel, al menos hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos a la sentencia. Ese plazo podría demorarse hasta nueves meses, según expertos jurídicos, por lo que el yerno del rey emérito Juan Carlos I podrá esperar el fallo definitivo en su vivienda de Ginebra.
Tras deliberar durante más de tres horas, el auto judicial resaltó que “ambos acusados disponen de arraigo suficiente en el territorio nacional, especialmente” un Iñaki Urdangarin “cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis”. Sin entrar a valorar cuales son esos condicionantes especiales, las magistradas optaron por interponer otras medidas cautelares “menos gravosas”. El marido de la infanta Cristina, condenado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales, y al que le fue impuesta una multa de 512.000 euros, deberá comparecer el día 1 de cada mes “ante la autoridad judicial competente correspondiente a su lugar de residencia” en Suiza y comunicar “todo desplazamiento” que pueda realizar allende las fronteras de la Unión Europea. Las restricciones son más concretas en el caso de Torres -condenado a ocho años y medio de prisión-, al que además de tener que personarse en sede judicial todos los meses y dar cuenta de cualquier cambio de residencia, le será retirado el pasaporte y tendrá prohibido salir de España, salvo que la Justicia se lo permita de forma excepcional.
silencio real Realizada la vista a puerta cerrada y sin que los acusados pudieran hacer uso de un turno de palabra -esa opción quedó en manos de su defensa jurídica-, el nuevo paseíllo de Urdangarin por la cuesta de la sede judicial palmesana -frente a decenas de personas que le gritaron “chorizo” o “ladrón”- no supuso que la Casa Real modificara ni un ápice el guión que ha mantenido desde que los negocios de Urdangarin en la Comunidad Valenciana y Baleares levantaran las primeras sospechas hace 11 años. “Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial” ha sido la respuesta que han dado ante cualquier movimiento judicial, como fue el caso de la absolución de la infanta Cristina por un presunto delito fiscal como responsable a título lucrativo por el caso Nóos. Pese a que los monarcas españoles participaron ayer en un acto en Madrid, no hubo pronunciamiento alguno.
