madrid - El desconocimiento de que su marido estuviera incurriendo en ilícitos penales como delito fiscal y malversación ha sido el salvavidas que ha permitido que la infanta Cristina fuera absuelta por la Audiencia de Palma en el caso Nóos. Ese es, al menos, el argumento expuesto por un fallo que, pese a librar a la hermana del rey de una condena, es el último capítulo de un incendio que la Casa Real siempre ha tratado de contener con cortafuegos. Exilios forzados, su desaparición de los actos y la eliminación de su título nobiliario de duques de Palma fueron los principales movimientos de Zarzuela para esquivar los efectos de un caso para el que su defensa fue mantener que no estuvieron al corriente. Los esfuerzos han sido en vano, ya que el fallo judicial cataloga como hecho probado que Cristina de Borbón fue corresponsable a título lucrativo de los gastos personales efectuados por su participación, al 50% junto a su esposo, de las cuentas corrientes de la empresa Aizoon, que se nutría del Instituto Nóos desde el que Urdangarin manejaba sus negocios.

La infanta “gozaba de plena disponibilidad” del dinero inyectado en Aizoon tras pasar por Nóos. De hecho, cargó diversos gastos familiares desde la tarjeta de la que disponía y se benefició de las cantidades ingresadas por 265.088,42 euros, según resume la sentencia. Sin embargo, no se puede acreditar su participación en “la ocultación del hecho imponible relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que venía obligado su esposo, correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008”. Esa absolución no supone que la Casa Real no quede manchada por un asunto que fue catalogado desde dentro como un “martirio” cuando el juez Castro colgó el cartel de imputados a los dos miembros de la Familia Real en 2013.

El “martirio”, sin embargo, comenzó mucho antes. En 2006 se dieron los primeros movimientos para apartar a Urdangarin de Nóos. Fue el ahora rey emérito, Juan Carlos I, quién le aconsejó poner tierra de por medio tras las primeras suspicacias que levantaron sus negocios organizando foros que unían deporte y turismo en tierras baleares. El yerno del monarca lo hizo, pero la huella dejada por los pagos hizo que, aunque con cuatro años de espera, el asunto llegara a los tribunales. No fue hasta septiembre de 2011 cuando el caso estalló en su totalidad, cuando la Policía registró varias empresas del Instituto Nóos. Abierta la espita informativa, fue apartado de la Casa Real por su comportamiento “no ejemplar”. Su declaración judicial -la primera de un miembro de la Familia Real en democracia- no llegó hasta febrero de 2012. La estrategia inicial de Urdangarin fue culpar a su socio, Diego Torres, y desvincular por completo a su esposa.

las maniobras La polémica, imparable para entonces, hizo que la Casa Real realizara diferentes maniobras para tratar de salvaguardar a la infanta Cristina, sobre todo a la vista de que Urdangarin varió su defensa para implicar de lleno a la Casa Real. Con ambos en Ginebra tras pasar por Washington, los Urdangarin-Borbón desaparecieron de la web de la institución. El proceso judicial mientras tanto seguía su curso hasta alcanzar un episodio inesperado: la imputación de la hija del rey en abril de 2013. Desde entonces, y más si cabe tras la sustitución de Juan Carlos I por Felipe VI, Zarzuela corrió un tupido velo para mantener alejada a la pareja -incluso despojándoles del ducado de Palma-, pese a que para entonces se conocían correos electrónicos que evidenciaban las consultas que Urdangarin efectuaba a Carlos García-Revenga, el secretario de las infantas, debido a los negocios que mantenía. El asalariado de la Casa Real lo negó.

Los paseillos del matrimonio hacia los juzgados de Palma socavaban la imagen de la monarquía. La esperada declaración de Cristina se efectuó el 8 de febrero de 2014. Su desconocimiento de las maniobras de su marido fue su escudo principal y la Fiscalía creyó en su versión. Varios testigos apuntaron en esa dirección en el transcurso del juicio. Fue el caso del excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, que le echó un capote asegurando que estaba desvinculada de la actividad de la firma. El exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, también negó que la monarquía vigilara los tejemanejes de Urdangarin.

Por lo pronto, todo indica que el matrimonio pondrá tierra de por medio nuevamente, atendiendo así al propósito de la infanta de “no volver a pisar este país”, como confesó a sus compañeros de banquillo durante una sesión del juicio. Al parecer se mudarán a Lisboa y no renunciará a sus derechos dinásticos: seguirá siendo la sexta en la línea sucesoria al trono de los Borbones.