madrid - El Congreso de los Diputados está a punto de abrir una comisión de investigación que aclare si el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se aprovechó de su cargo para conspirar contra el soberanismo catalán fabricando casos de corrupción en su contra. Los trámites han experimentado un acelerón tras varios meses de parálisis por el estado de salud del exministro, convaleciente por una intervención quirúrgica. Con Fernández Díaz recuperado, los partidos perfilaron ayer la composición de la comisión, y la novedad radica en que los grupos han decidido por unanimidad que la presida el PNV para garantizar la imparcialidad y la serenidad en el debate. En concreto, los jeltzales van a encargar la tarea a Mikel Legarda. Se da la circunstancia de que el diputado conoce bien los entresijos en materia de seguridad porque fue viceconsejero de Interior bajo las órdenes del lehendakari Ibarretxe.

Se espera que la puesta en marcha sea inminente. En la Junta de Portavoces del martes, los partidos trasladarán a la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, que ya existe un acuerdo y están preparados para que se constituya la comisión. Según ha podido saber DNA, la decisión de que el PNV la presida se tomó ayer en una reunión informal de portavoces y adjuntos del Congreso. Los socialistas renunciaron a la presidencia porque son los proponentes de la comisión y no quieren arrojar una imagen de parcialidad. Los catalanes del PDeCAT y ERC tampoco optaron al puesto por ser parte implicada, el mismo argumento que utilizó el PP para dejar paso a otros. Unidos Podemos no quiso pujar por el puesto y prefirió al PNV. Iñigo Errejón confirmó en público que la comisión tendrá con el PNV “un presidente independiente”. “Es una propuesta que hemos impulsado porque ayuda a que no sean ni el PSOE ni el PP y evita que se pueda cerrar en falso”, dijo. Las dos vicepresidencias serán para PP y PSOE, y las dos secretarías recaerán en Unidos Podemos y C’s. Todos los grupos tendrán portavoces, y las decisiones se tomarán por voto ponderado, es decir, en función del peso real de cada uno en el Congreso. Al presidente le corresponde ordenar el debate y los ritmos de las convocatorias.

grabaciones El caso se remonta al pasado verano, cuando el diario Público reveló unas conversaciones grabadas entre el entonces ministro y el jefe de la Agencia Antifraude catalana, Daniel de Alfonso. Según publicó el citado medio, Fernández Díaz intentaba filtrar a la prensa indagaciones sobre políticos como el ahora diputado Francesc Homs, a quien señalaba por unos nombramientos que aprobó cuando era conseller de Presidencia. Ante las dudas del exresponsable antifraude y su aparente incomodidad, le anima asegurando que los fiscales pueden afinarlo. El exministro también se interesó por unas adjudicaciones al hermano de Oriol Junqueras, de ERC. En una conversación llegó a decir que Rajoy estaba al corriente de todo. El PP se ha defendido presentando al exministro como una víctima y no como un infractor. A su juicio, lo que debe condenarse es la grabación de conversaciones privadas y su filtración de manera sesgada. De hecho, la Fiscalía remitió a Madrid el caso para investigar si De Alfonso pudo cometer un delito de revelación de secretos.

El Tribunal Supremo ha archivado por el momento todos los intentos de juzgar al exministro porque no se puede sostener una investigación en grabaciones ocultas que, a su juicio, pueden haber sido manipuladas por la eliminación de algunos fragmentos. De Alfonso fue cesado de su cargo, y el exministro ha contado siempre con el apoyo oficial del PP, aunque Rajoy decidió prescindir de él al conformar su nuevo ejecutivo. Fue reprobado por el Congreso y su comparecencia en la comisión será el plato fuerte, aunque algunos grupos creen que sería conveniente dejarlo para el último momento, al término de los tres meses de trabajo del foro parlamentario, para escuchar antes otros testimonios y preguntarle por cualquier novedad que pueda aflorar.