VITORIA - El Tribunal Constitucional ha desestimado casi en su totalidad el conflicto de competencias que presentó el Gobierno Vasco contra el Real Decreto que regula el estacionamiento de personas con discapacidad al entender que la norma estatal garantiza que este derecho pueda ser ejercido por igual en todo el Estado español.
El 14 de abril de 2015 el Gobierno Vasco planteó este conflicto positivo de competencia contra nueve artículos y varias disposiciones de ese decreto ya que entendía que el Ejecutivo español “se extralimitaba en esta regulación y no respetaba” la competencia exclusiva de la CAV en materia de asistencia social, recogida en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía.
El Gobierno de Urkullu recordó entonces que desde hacía 15 años Euskadi contaba con normativa propia para regular la emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. En ella se establece que son los municipios los encargados de concederla y que están homologadas en toda la Unión Europea.
Sin embargo, el TC desestima las pretensiones del Gobierno Vasco al entender que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha invadido la competencia autonómica en materia de asistencia social, sino que establece las condiciones básicas para garantizar el reconocimiento de un derecho o beneficio, como es la autorización para el uso de plazas de estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida en condiciones de igualdad en todo el territorio.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, cuenta con el voto particular de la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, quien da la razón a Euskadi porque cree que el Gobierno español ha establecido una “regulación completa y detallada del régimen jurídico aplicable” en lugar de limitarse a fijar las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el acceso al derecho a una tarjeta de estacionamiento reservado.
La sentencia recuerda que la competencia autonómica “no impide el ejercicio de las competencias del Estado” cuando se trata de fijar unas condiciones que garanticen la igualdad de los ciudadanos. - Efe
