madrid - Sobre Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, pesa ya una condena de trece años de cárcel, fruto de la primera de las numerosas sentencias que dilucidarán las responsabilidades penales de este empresario que conseguía contratos públicos mediante el soborno a políticos y que además, presuntamente, ejercía como conseguidor para otras compañías. Trece años de condena para Correa, otros tantos para Pablo Crespo, su mano derecha; y más de doce para Álvaro Pérez, El bigotes, delegado de la Gürtel en Valencia; ha repartido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que además impone sendas penas de nueve y de seis años de prisión a Milagrosa Martínez, exconsellera popular de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes; y para su exjefe de gabinete, Rafael Betoret.

La sentencia considera probado que la trama sobornó a Martínez, a quien se dirigían como La Perla, con el regalo de un reloj marca Hublot valorado en 2.400 euros. Betoret, por su parte, ya fue condenado al pago de una multa por el juicio de los trajes de Camps, del que el expresident valenciano salió absuelto.

En esta ocasión, a la cúpula de la Gürtel y a los políticos sobornados se les condena por la fraudulenta adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en Fitur en las ediciones que van de 2005 a 2009. Para consumar dichas adjudicaciones y fruto de las mismas, los condenados cometieron delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita, informa Europa Press. En total, el Tribunal Superior valenciano, sede del juicio oral en lugar de la Audiencia Nacional por haber aforados entre los investigados, ha condenado a once de los trece acusados. Así, han resultado absueltos la exconsellera Angélica Such y el técnico de la administración valenciana Juan Bover.

casos pendientes Esta sentencia es solo el principio del rosario de resoluciones judiciales y más sesiones orales que les esperan a Correa y Crespo. Solo la rama valenciana del caso Gürtel está compuesta por seis piezas separadas, la de Fitur solventada ayer -aunque ya se han anunciado recursos- y otras cinco sobre las que fallará la Audiencia Nacional, al no quedar ya aforados.

Así, se juzgará un supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; un presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos del PP durante los comicios generales de 2008; las contrataciones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la visita del Papa en 2006; las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur); y los supuestos delitos contra la Hacienda Pública de la empresa Orange Market, que formaba parte de la red Gürtel. Algunas de esas causas se juzgarán en una misma vista oral, y en algunos casos ya se conocen las penas para algunos empresarios, como Enrique Ortiz o Vicente Cotino, que han pactado rebajas en sus condenas a cambio de confesar.

Eso solo en lo referido a la Comunidad Valenciana, pues además la Audiencia Nacional está juzgando la primera época de la Gürtel a nivel estatal (1999-2005), un juicio que precisamente se suspenderá el martes, miércoles y jueves de la semana que viene para que Correa y Crespo puedan viajar a Valencia, donde el TSJCV les comunicará si ingresan en prisión para cumplir las penas dictadas. Sí se celebrará la sesión del lunes, en la que comparecerán como partícipes a título lucrativo en la trama la exministra de Sanidad y exesposa del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Ana Mato; o la mujer del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, Gema Matamoros.

satisfacción del denunciante La sentencia de los contratos de Fitur fue recibida con satisfacción por el exconcejal popular del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas, que destapó la trama, pues se ha reconocido la licitud de las grabaciones entregadas a la Policía hace nueve años. “Estoy muy satisfecho de que los dos años que pasé con muchas penurias grabando a esta gente y los nueve años que llevo de sinsabores continuos y de acusaciones continuas hayan dado su fruto”, declaró. La sentencia del TSJCV afirma que estas grabaciones no violan la intimidad de los interlocutores porque no se ha difundido nada relativo al ámbito personal o familiar.

Por su parte, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, manifestó que el Ejecutivo “respeta y acata” la sentencia, como hace con todas las decisiones judiciales, y dijo que le gustaría que “esa fuera la tesis de todos los demás”.