el tren del proceso soberanista catalán está a punto de alcanzar la última estación. El Govern de Carles Puigdemont tiene pensado celebrar un referéndum de independencia en septiembre a más tardar para romper amarras con España, pero su principal problema consiste en que el ejecutivo de Mariano Rajoy se opone a esa consulta y no quiere pactar sus términos. Intentará hacer descarrilar el proceso recurriendo a los tribunales. La solución a la que se aferra el Govern pasa por buscar apoyo internacional, amparándose en que el derecho a decidir no es una rareza en la Unión Europea ni tampoco para la ONU. Ya han visto la independencia de las repúblicas de la antigua Yugoslavia y de la Unión Soviética y, de manera más reciente, han sido testigos de la consulta pactada entre Escocia y Reino Unido, aunque finalmente la opción independentista fracasó en la votación de septiembre de 2014. El Govern quiere que las instituciones internacionales realicen algún tipo de mediación, y que tengan simpatía al proceso para que Catalunya no sea expulsada de la Unión Europea en caso de independencia unilateral.
Esa tarea tampoco está resultando sencilla. En el último año, el Govern ha desplegado una intensa agenda de viajes que le ha llevado a Bruselas en dos ocasiones, y también a Londres, París y Lisboa, pero el éxito de las misiones diplomáticas está siendo desigual. El principal escollo se sitúa precisamente en el corazón de la Unión Europea. La Comisión rechaza entrometerse en los asuntos internos españoles, se sitúa lejos de la mediación que pretende el Govern y ningún alto cargo ha recibido al president. Catalunya se ve en la tesitura de tener que competir con el peso de todo un Estado y su presión diplomática en Europa, mucho más desarrollada que la catalana.
El Govern tiene a su favor el impacto de las manifestaciones de la Diada en la prensa internacional, o las entrevistas que ha concedido Puigdemont en medios extranjeros. En marzo de 2016, ofreció de manera simultánea cinco entrevistas a cinco grandes diarios europeos (Financial Times, Le Monde, Diario de Notícias, Corriere de la Sera y Süddeustche Zeitung). En su visita a París, además, tuvo una audiencia de 200 personas que lo desbordaron con preguntas sobre el proceso, y en el Parlamento británico se registró una iniciativa en contra de la judicialización. El Govern se lo toma como un síntoma de que el proceso despierta mayor curiosidad de lo que parece. Algunas informaciones destacan la hiperactividad del embajador catalán en Viena, Adam Casals, muy bien relacionado con las repúblicas del este que lograron su independencia de manera relativamente reciente y que estarían mostrándose permeables al mensaje catalán.
la ue se pone de perfil En enero del pasado año, tras las elecciones plebiscitarias que Junts pel Sí y la CUP entendieron como un aval a la hoja de ruta rupturista, el nuevo Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont redobló su apuesta por la acción internacional. En primer lugar, creó la consellería de asuntos exteriores, encabezada por Raül Romeva, aunque tuvo que realizar algunos cambios cosméticos en el nombre tras un primer aviso del Tribunal Constitucional. Después se desplegó la intensa agenda de viajes del Govern. El mayor rédito que ha extraído ha sido la firma de acuerdos con otras naciones o regiones a nivel comercial, unas alianzas que le han permitido colocar a Catalunya en el mapa, y profundizar en los intercambios económicos, que serían determinantes en un escenario de independencia.
El president escogió Bélgica como primer destino, y tomó el avión a finales de abril. El viaje tenía dos objetivos: reforzar los lazos comerciales y económicos con la región de Flandes, donde anida también la reivindicación independentista; y, sobre todo, llamar a la puerta de las instituciones europeas, en Bruselas. Su reunión con el presidente del Parlamento flamenco, Geert Bourgeois, tuvo un saldo positivo para sus intereses porque compartieron sus criterios sobre el derecho a decidir y pidieron a la Unión Europea una solución para el contencioso. También se citó con el alcalde de Amberes y líder de los nacionalistas flamencos, Bart de Wever. Madrid no le dio importancia al entender que Catalunya jugaba en terreno amigo.
La segunda parte del viaje, la visita a Bruselas, se presentó como la prueba de fuego. El president planteó la visita como una mera aproximación a las instituciones comunitarias, sin mayores pretensiones; pero la Comisión, que ejerce de gobierno de la Unión Europea, aseguró que en realidad había pedido una entrevista con el presidente Jean Claude Juncker, y que no había podido recibirle por motivos de agenda. Madrid se jactó de las dificultades para encontrar una grieta en la posición europea e hizo ver que el cierre de filas es total en torno a los intereses de los estados.
bloqueo y ‘vía escocesa’ Un año después, la situación no ha cambiado un ápice. El president regresó a finales del mes pasado a Bruselas, pero tampoco hubo reunión con autoridades comunitarias. Ofreció, eso sí, una conferencia en el Parlamento Europeo ante 500 personas, entre las que figuraban independentistas flamencos, escoceses e irlandeses. Una de las dificultades con las que tuvo que lidiar fue el toque de corneta del PP español al resto de compañeros de la bancada conservadora europea, llamando de manera expresa al boicot. Solo desoyó la petición el húngaro Laszlo Tokes. La presencia del PP es también notable en la propia Comisión, empezando por la adscripción política del presidente Juncker. En ese ejecutivo está presente, además, el exministro Miguel Arias Cañete como responsable de Clima y Energía, lo que concede al Gobierno de Rajoy hilo directo con las altas instancias de poder europeas.
Poco después del primer viaje a Bruselas, el president puso rumbo a Londres a mediados de mayo. Esperaba mayor comprensión porque el entonces primer ministro británico, David Cameron, había pactado una consulta de independencia con su homólogo escocés, Alex Salmond. Tampoco logró que le atendieran las más altas instancias, puesto que no hubo cita con Cameron y se reunió con el dimitido Salmond, pero su visita sí tuvo una consecuencia de cierto alcance. Pronunció una conferencia en el prestigioso foro de debate de la Chatham House, donde lamentó que no sea posible pactar un referéndum con España e informó a los presentes sobre las investigaciones judiciales abiertas contra cargos públicos catalanes. Poco después, en diciembre, 15 diputados británicos de diferentes partidos se hacían eco y denunciaban la “persecución” a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La moción la impulsaban los nacionalistas escoceses, y tuvo el respaldo de los galeses e irlandeses, pero también el apoyo de un representante del Partido Laborista. De la boca de Cameron, no obstante, no salió ninguna cesión a Catalunya. Durante su mandato, su mensaje se circunscribió al apoyo a la ley, el rechazo a una consulta no pactada, y la advertencia a Catalunya de que, si se independiza, tendrá que hacer cola para reingresar en la UE.
La tercera puerta que tocó el president fue la francesa. Era consciente de las dificultades, porque Francia es en estos momentos una gran aliada de España, con quien mantiene al día la interlocución por la lucha contra el terrorismo; y además es un país muy centralista. En sus intervenciones públicas, el primer ministro Manuel Valls, catalán de nacimiento, se ha mostrado receloso a la hora de pronunciarse sobre un asunto ajeno, pero también ha defendido la pervivencia de los estados. Puigdemont no pudo reunirse con él, pero sí ofreció una conferencia ante la renombrada institución Science Po, donde se enfrentó a las preguntas de un auditorio conformado por 200 personas. Los estudiantes franceses, holandeses y españoles fueron muy activos. El Govern también firmó un acuerdo con la región Isla de Francia, la más rica del país y en la que se encuadra París.
Puigdemont está buscando apoyos en todas las instancias, y ese planteamiento incluye a la ONU. La Generalitat envió en agosto una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para denunciar la “persecución a los representantes electos”. En paralelo, pretende ampliar su red de delegaciones en el exterior, para tener nuevos altavoces en Rabat y Vaticano que se sumarían a las ocho oficinas que ya ocupa en Europa (Lisboa, Londres, París, Bruselas, Berlín, Roma, Alguer y Viena) y el único despacho de Estados Unidos. Una de esas delegaciones europeas, la de Lisboa, se inauguró precisamente el año pasado. Romeva acudió en septiembre a cortar la cinta, y el president aterrizó unos pocos días después, en octubre, para visitar las instalaciones y saludar a la comunidad catalana.
El reto es recabar apoyo internacional en un tiempo récord, porque cada vez suena con mayor fuerza la idea de adelantar el referéndum a junio si aumenta la presión judicial sobre los cargos soberanistas con la inhabilitación de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. El otro factor que puede acelerar la consulta es la presión de la CUP, que quiere dar el paso cuanto antes para compensar el agravio que le supone apoyar unos Presupuestos en los que no cree. En apariencia, Catalunya lo tiene todo por hacer, pero el exsenador de ERC Santiago Vidal dio a entender en la controvertida conferencia que ha forzado su dimisión que hay movimiento de fondo y que el Govern ya tiene atado el apoyo de once países europeos, entre los cuales se encontrarían Letonia, Lituania y Eslovenia.
El Govern solo tiene en mente celebrar una consulta vinculante, y no repetir la experiencia del 9 de noviembre de 2014, de modo que necesita el aval de alguna institución, ya sea española, europea o de la órbita de la ONU. El plan de contingencia por si no fuera posible pasaba por convocar elecciones constituyentes, pero ahora la hoja de ruta es la consulta sí o sí.
