madrid - La Guardia Civil analiza los correos electrónicos y documentos incautados en la operación Pika también conocido como caso 3% en vísperas del juicio por el 9-N, una coincidencia tras la que el expresidente catalán Artur Mas ve un “montaje escandaloso” de la Fiscalía para “hacer daño”. A lo largo de la pasada jornada, la Guardia Civil interrogó a ocho de los 18 detenidos que había pasado la noche en la comandancia de Tarragona, la mayoría de los cuales se negó a declarar, al tiempo que analizaba la numerosa documentación sobre adjudicaciones públicas intervenida el jueves, en 24 registros que se prolongaron hasta el anochecer.

La nueva fase del llamado caso 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC se centra ahora principalmente en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa del convergente Xavier Trias en el gobierno de la ciudad, por lo que fueron detenidos su exconcejal Antoni Vives y el exgerente municipal Constantí Serrallonga, ahora presidente de Fira de Barcelona.

Los agentes también mantuvieron detenido al presidente del Puerto, Sixte Cambra, del entorno personal de Artur Mas, durante las cerca de 12 horas que duró el registro de su despacho, donde los agentes intervinieron expedientes sobre las dos principales obras portuarias bajo sospecha.

Entre los correos electrónicos, agendas y documentación incautada en los registros la Guardia Civil busca el rastro de posibles amaños y acuerdos para convocar concursos de adjudicación a medida, a cambio de mordidas de empresarios en varios proyectos, entre ellos el túnel de la plaza de les Glòries de Barcelona.La Fiscalía Anticorrupción sostiene que dichos expedientes serían “impecables” y los amaños se forjaron en reuniones previas, de ahí la importancia de comprobar las agendas y los correos.

La Fiscalía ya exponía el jueves cómo se habrían fraguado las irregularidades: “Por un lado, los concursos son amañados de manera que las irregularidades no consisten en saltarse los requisitos formales, sino en que vienen otorgadas previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad. Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a CatDem, no se atisba su carácter fraudulento. Por otro, los concursos estarían controlados”.

Tras intentar sin éxito interrogarlos, dado que ambos se acogieron a su derecho a no declarar, la Guardia Civil dejó en libertad al tesorero de CDC, Andreu Viloca y al responsable jurídico del partido, Francesc Sánchez. Preguntado sobre si consideraba que la fecha de la operación tenía intencionalidad política al producirse los días próximos al juicio por el 9-N, Sanchez, ha lanzado una respuesta irónica: “Esto ya sabemos que pasa siempre, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos”.

ARTUR MASo La coincidencia temporal entre la operación policial y el juicio del 9-N, que arranca el próximo lunes, llevó a al expresidente del Govern, Artur Mas, a expresar su indignación por lo que considera un intento de la Fiscalía de perjudicar al soberanismo. “Es un montaje escandaloso”, sentenció Mas, quien también anunció que los detenidos estudian presentar una querella contra la Fiscalía por la detención de excargos de CDC. “Quién actúa pasando del juez es la Fiscalía y los propios abogados entendidos en esta materia no conocen precedentes de este tipo”, explicó antes de asegurar que pone la mano en el fuego por los detenidos.

No tardó en llegar la respuesta del Gobierno: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afeó a Mas su “poca calidad democrática” y negó que hubiera manipulación alguna en la investigación judicial, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, afirmó: “Aquí no se persigue a nadie por sus ideas”.- DNA