Iruñea - La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha dado por concluido el sumario por los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 15 de octubre en un bar de Altsasu, donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, y ha elevado a la Sala de lo Penal la causa para que proceda a juzgar a los nueve jóvenes procesados, a los que insiste en atribuir un delito de terrorismo en concurso de lesiones, atentado y odio, ilícitos por los que se podrían enfrentar a más de 15 años de cárcel.

En un auto fechado el pasado miércoles, contra el que no cabe recurso y que ha dictado apenas dos días después de que más de 200 juristas y profesores universitarios del Derecho hayan cuestionado su actuación, Carmen Lamela recuerda que el sumario seguido en la Audiencia Nacional se incoó por los presuntos delitos de atentado a agente de la autoridad, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo.

Ahora, “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que han tenido los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido, y no hallándose indicada ninguna otra”, la jueza considera que es pertinente finalizar el sumario, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y elevarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su reparto y apertura de juicio oral, emplazando a las partes a tal efecto.

Desde el primer momento, y atendiendo a la denuncia de Covite -que provocó que el caso pasara del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea a la Audiencia Nacional- y a los informes de Guardia Civil, Lamela ha enmarcado la agresión ocurrida el 15 de octubre en “las rutinas de hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que atribuye al colectivo Ospa Mugimendua. Según la magistrada, esta agrupación busca “influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos”. Quien incumple estos preceptos “es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo”, agrega.

Manifiesto De forma paralela, 130 representantes del mundo de la cultura, la sociedad y el deporte de Nafarroa, la CAV e Iparralde han firmado un manifiesto en el que rechazan la calificación como terrorismo de la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en Altsasu. En ese sentido, piden la devolución de la competencia del caso al juzgado de instrucción de Iruñea y la inmediata puesta en libertad de los jóvenes encausados.

Los firmantes del manifiesto -entre ellos el antropólogo forense Paco Etxeberria o el periodista Mariano Ferrer, o los músicos Benito Lertxundi y Fermín Muguruza- muestran su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos y piden que se respeten los principios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. Así, destacan el “perjuicio irreparable” que supondría cumplir penas “desproporcionadas” de 10 a 15 años por un delito de terrorismo.