madrid - El Gobierno español puso ayer el último clavo en el ataúd de la operación diálogo en Catalunya, sin que en los últimos meses haya llegado a proponer una solución política concreta al contencioso. Tras unas semanas en las que había intentado escenificar cierto deshielo, ha optado por la mano dura. Los acontecimientos de las últimas horas han precipitado este cambio, con el conflicto deslizándose ya por una pendiente de enfrentamiento absoluto. Por un lado, los soberanistas creen que no ha habido diálogo y que, muy al contrario, se ha recrudecido el recurso a los tribunales, lo que les lleva a acelerar su ruptura con España. Ese cambio ha provocado a su vez que Madrid amague abiertamente con suspender la autonomía catalana para frenarlo. La próxima semana arranca el juicio contra el expresident Artur Mas y las exconselleras Rigau y Ortega por la consulta del 9 de noviembre de 2014, y el Govern cree que no le queda otra que adelantar al verano el referéndum de independencia y la creación de su sistema fiscal. A modo de respuesta, el Gobierno español amagó ayer con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que hasta ahora se veía como ultimísimo recurso. El socialismo catalán apremió a las partes a negociar y detener la escalada.
Hasta tres voces mencionaron el artículo 155 de manera más o menos directa. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, avisó de que, “si alguien está en un escenario de incumplimiento de las leyes, la obligación del Gobierno es garantizar que se cumplan y, para ello, habrá que tomar las medidas que en un Estado de derecho están habilitadas y previstas”. “El artículo 155 está ahí, en la Constitución. Por lo tanto, es una opción”, zanjó en declaraciones a TVE. Desde el PP catalán, Xavier García Albiol adelantó que, si el proceso llega a una situación límite, a su partido “no le temblará la mano a la hora de recomendar que se aplique de forma proporcional el artículo 155”. Más críptica fue la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, quien advirtió de que “cuando se vulnera la ley, se repone”.
las opciones de madrid El citado artículo concede plenos poderes a Rajoy, porque solo necesita la mayoría absoluta del Senado para intervenir la autonomía, algo que ya tiene con los escaños de su propio partido. Con ese artículo puede obligar a un territorio a cumplir determinadas medidas si entiende que está atentando contra el interés general de España. Como paso previo, debe lanzar una primera advertencia al president Puigdemont y, si no la cumpliera, recabar la mayoría absoluta del Senado. Se está especulando con vías intermedias que no supongan una intervención total. La más comentada es la intervención del Departamento de Educación para impedir la apertura de los colegios electorales. La diputada del PSOE, Margarita Robles, señaló una grieta en ese plan: no podrán controlar los colegios privados. “No sé si se puede precintar un colegio privado, salvo que sea un juez el que decida que dentro se está cometiendo un hecho delictivo”, avisó en RNE desde su experiencia en esas lides, ya que ha sido magistrada en el Tribunal Supremo. Junts pel Sí ha pedido que comparezca la vicepresidenta en el Parlament para que explique el plan.
Desde el comienzo del procés, se ha barajado una segunda opción para llevar a cabo una intervención parcial: tomar el control de los Mossos d’Esquadra. Se trataría de garantizar que los agentes catalanes acaten las órdenes judiciales, detengan a los cargos soberanistas señalados o actúen en los colegios electorales para frenar la consulta. En el primer mandato de Rajoy, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional que le faculta para tomar el control de las policías autonómicas en situaciones de emergencia nacional, un concepto etéreo que nadie ha acotado, aunque se han citado como ejemplos un atentado terrorista o un terremoto. Hay quien asume en voz baja que serviría para hacer frente al reto independentista.
El Estado ha amagado con utilizar otras tres bazas: ser más restrictivo en la concesión del Fondo de Liquidez Autonómica a Catalunya, inmersa en graves problemas de tesorería para pagar a los proveedores farmacéuticos y afrontar su deuda; que el Tribunal Constitucional inhabilite a los cargos que incumplan sus resoluciones, o que los jueces imputen delitos de sedición y rebelión cuando se entre en un escenario de independencia unilateral, porque esos delitos implican largas condenas de cárcel. Hay una cuarta vía muy extrema: el artículo 8 de la Constitución, que atribuye al Ejército la defensa de la integridad territorial de España. Por otro lado, desde el independentismo han acusado al Estado de utilizar contra políticos soberanistas operaciones anticorrupción como la de ayer.
Suspender la autonomía. Usar al artículo 155 de la Constitución para forzar a una autonomía a cumplir la ley. Se necesita enviar un requerimiento previo al presidente autonómico y, si no fuera atendido, lograr la mayoría absoluta del Senado. El PP la tiene.
Cerrar los colegios. Intervenir Educación para precintar los colegios electorales y que no se pueda votar en el referéndum.
Control de los Mossos. Recurrir a la Ley de Seguridad Nacional para decretar una situación de emergencia y tomar el control de los agentes catalanes, con el fin de garantizar que cumplan las órdenes de detención contra políticos soberanistas y que actúen en los colegios electorales.
Tribunal Constitucional. El tribunal puede inhabilitar a quienes incumplan sus sentencias.
Fondo de Liquidez. Fijar condiciones severas a Catalunya para acceder a ese fondo, necesario para aliviar su tesorería.
Ejército. Es la vía más extrema. El artículo 8 de la Constitución atribuye a las fuerzas armadas la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
