madrid - El día de ayer estaba marcado en rojo en el calendario por ser la fecha elegida para celebrar la cumbre del referéndum, que debía unir a partidos y entidades sociales en el Parlament para impulsar la consulta independentista prevista en septiembre de 2017. Pero la jornada estuvo precedida por toda una serie de noticias provenientes del ámbito judicial que no hicieron sino caldear el cónclave previsto por la tarde. En primer lugar, el Tribunal Constitucional asestó un golpe contra el trabajo que está llevando a cabo el Parlament de cara a lograr la independencia de Catalunya. Así, declaró nulo el acuerdo de la Mesa de la Cámara para crear las tres ponencias de ley de cara a redactar las conocidas como leyes de desconexión: las que promueven una hacienda y una seguridad social catalanas, que ya han finalizado sus trabajos, y la que trata de impulsar una ley de transitoriedad jurídica, que aún está en marcha.
Sin embargo, el TC no entró en el fondo del asunto y tumbó dichas ponencias atendiendo a la fórmula utilizada para su creación, que asumieron en solitario JxSí y la CUP con el rechazo del PSC y Ciudadanos, cuando el propio reglamento del Parlament establece que todos los grupos de la Mesa deben participar en la redacción de un texto de ley. La cosa no quedó ahí, y el tribunal de garantías también decretó ayer la anulación de parte de la Ley catalana de acción exterior y relaciones con la Unión Europea (UE). En concreto, fulminó la parte del articulado que considera que invade competencias estatales, estimando así parcialmente el recurso que presentó en su día el Gobierno español y que fue admitido a trámite en abril de 2015. Junto con la noticia de que el expresident Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau serán juzgadas en febrero por desobedecer al propio Tribunal Constitucional, se creó el caldo de cultivo perfecto de cara a la cumbre por el referéndum de la tarde.
La jornada también fue prolija en reacciones y declaraciones, y el Gobierno español se mostró de nuevo contundente en su apreciación. “No va a haber referéndum de autodeterminación porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña”, aseguró el portavoz del Ejecutivo del PP, Iñigo Méndez de Vigo. “Más claro no se puede decir”, apostilló, tras lo que invitó al Govern catalán a dialogar sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos. “Es la voluntad y la invitación del Gobierno. Pero las invitaciones se hacen y a lo mejor no se aceptan”, apuntó. En referencia a las resoluciones del TC, el ministro dijo que “el Gobierno siempre respeta, acata y pide a los demás que respeten y acaten porque es lo que hay que hacer en un Estado de Derecho”. Insistió en que “la puerta sigue abierta y la mano tendida, y seguiremos en esa línea”.
Una opinión diferente expresó la coordinadora general del PDeCAT, la antigua CDC, Marta Pascal, quien consideró que la decisión del TC de declarar la nulidad de las tres ponencias de ley del Parlament para redactar otras tantas leyes de desconexión son “más de lo mismo”. “Cuando unos hablan de operación diálogo, deben ser conscientes de que los hechos no engañan. De momento no hay nada que demuestre que hay una voluntad clara de dar salida política a un proceso político”, lamentó en declaraciones realizadas en los pasillos del Parlament. Para Pascal, el Estado intenta que todos los responsables políticos comprometidos con el proceso soberanista queden “asediados por la vía judicial, y que el trabajo que hace el Parlament quede en entredicho”. Pese a ello, desde Catalunya se seguirá apostando por la vía del referéndum, añadió, ya que el encargo que les hicieron los catalanes en las últimas elecciones “es muy claro, no hay dudas”.
Fraude de ley El fallo del Tribunal Constitucional sobre las tres ponencias de ley responde a un recurso de amparo presentado por Ciudadanos cuando se crearon las mismas, ya que alegaba que se trataba de un “fraude de ley” y que se vulneraban sus derechos como diputados porque se estaba haciendo una instrumentalización del Parlament con fines independentistas. Por un lado, el tribunal esgrime que las ponencias tienen que abordar cuestiones que supongan un “desarrollo básico” del Estatut, cuando en este caso sobrepasan ampliamente ese límite. Por otro, alega que dichas ponencias deben crearse por la unanimidad de todos los grupos, y en este caso JxSí y la CUP las impulsaron pese a la oposición del resto de formaciones. También recrimina a los letrados del Parlament que no aportaran “ningún argumento de fondo” para fundamentar que las ponencias de ley respetaban el reglamento de la Cámara. El PSC presentó a su vez un recurso de amparo en la misma línea, pero aún no ha sido resuelto por el Constitucional.
De forma paralela, en su sentencia sobre la Ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (UE), el pleno del alto Tribunal recordó que la Generalitat puede regular todo lo que se refiera a sus relaciones con el exterior siempre que no lleve a cabo actuaciones reservadas al Gobierno español. Así, anuló los preceptos dirigidos a promover el establecimiento de relaciones “bilaterales” con otros países o el que regula el establecimiento por el Govern de relaciones institucionales con cuerpos consulares de Estados extranjeros presentes en Catalunya. Avala, en cambio, la promoción internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de dicha comunidad.
