Bilbao - El Consejo de Gobierno Vasco mostró ayer su criterio favorable a la toma de consideración de una proposición de ley presentada por el PP para reformar la normativa que regula el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los populares de la CAV, además de EH Bildu, presentaron el pasado año sendas iniciativas para que los altos cargos públicos que son cesados no puedan acceder al TVCP durante un margen de tiempo prudencial, contabilizado en dos años desde que abandonen su puesto.

El Ejecutivo autonómico, en palabras de su portavoz Josu Erkoreka, expresó su “respeto” a la labor del Parlamento Vasco y la legislación relativa al control y fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público vasco, labor que recae en el TVCP. Tanto es así que remarcaron que siendo una institución que depende directamente del hemiciclo de Gasteiz, “es a dicha Cámara a quien le asiste la facultad de debatir y resolver cualquier modificación en relación con su régimen y funcionamiento”.

La iniciativa del Partido Popular fue registrada poco después del nombramiento del que durante 12 años ostentara el cargo de diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, como presidente del organismo a finales de junio de 2015. Y buscaba evitar que este tribunal, que rinde cuentas ante el Parlamento pero actúa de forma independiente, se convierta en un “cementerio de elefantes” para antiguos cargos políticos. En un principio, los populares deseaban que el plazo para imposibilitar que un alto responsable público pudiera dar el salto de una institución a este organismo variara entre los dos y los cinco años, además de introducir diversos requisitos adicionales para poder dificultar ese paso.

La propuesta del PP de la CAV, presentada por el parlamentario Borja Sémper, se unía así a las críticas vertidas por algunas formaciones como EH Bildu, UPyD -que entonces estaba representado en la Cámara vasca- o Podemos a la designación de Bilbao por haberle encajado “en el sitio menos adecuado” y, de esa forma, “politizar” un puesto para el que incluso pusieron en duda la valía profesional de Bilbao.

Acabar con las “puertas giratorias” fue otro de los argumentos esgrimidos durante la presentación de la proposición de ley del PP, que finalmente no llegó a ser debatida en el Parlamento en la legislatura pasada, de forma que se consiga contribuir a la “despolitización” y al “prestigio” del organismo fiscalizador. - DNA