Los servicios antiterroristas españoles y franceses siempre han tenido bajo su punto de mira los arsenales de los que ETA dispone, incluso aunque la organización armada decretara el “cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011 o anunciara, tres años después, haber llevado a cabo el “desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada”. Sin embargo, la presión policial ha terminado por menguar el armamento de una organización que ha visto como este último lustro se han sucedido las operaciones policiales para inhabilitar sus zulos, debilitando de paso las posibilidades para efectuar un sellado ordenado de sus arsenales que fuera validado por estamentos internacionales o instituciones. Desde 2009, cuando perpetrara el último atentado en suelo estatal, se han sucedido más de medio centenar de actuaciones que han restado capacidad operativa a ETA. Las detenciones de Luhuso son el último capítulo de un largo historial trufado de hallazgos de armas, detenciones mediáticas y oportunidades perdidas para una organización acorralada.
Francia es el territorio en el que ETA ha guardado históricamente sus municiones y, pese a haber perdido la condición de santuario que ostentaba décadas atrás, es por ende donde se han efectuado las incautaciones más espectaculares de los últimos tiempos. Fue el caso de Carlepont -en la región de Picardía, al norte del país-, el pasado 12 de octubre, cuando los gendarmes hallaron en una zona boscosa hasta 145 armas cortas, dos fusiles de caza y diversa munición, que según determinaron, provenía en su mayoría de un robo efectuado en una empresa armamentística de Vauvert -en las inmediaciones de Nîmes- en octubre de 2006. La policía española, que denominó la operación como Descubrimiento por haber sido efectuada en fecha tan señalada, lo consideró el mayor golpe policial contra la organización armada desde 2004. ETA calificó la operación de “trampa” y respondió estar dispuesta a “adoptar nuevos compromisos”. El sellado de arsenales al que estaría procediendo había arrancado en 2014, aunque el proceso sufrió un frenazo “por cuestiones obvias”. Se referían a la presión policial.
Además, pocos días después del suceso de Carlepont fue capturado en Azkaine el supuesto jefe del aparato logístico-militar, Mikel Irastorza. Era la última de las ocho detenciones practicadas por la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa desde el alto el fuego de una organización que, aunque realizara una insuficiente entrega pública de armas a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) en 2014 -por lo que tres de sus responsables tuvieron que testificar delante de un juez-, tampoco ha dado pasos convincentes para su desarme, desoyendo así las peticiones de instituciones como el Gobierno Vasco, algunos partidos, el Foro Social, el GIV -cuya labor no ha sido reconocida por los Ejecutivos español de Mariano Rajoy y francés de François Hollande- o Lokarri. Cuando ha tratado de dar pasos unilaterales en esa dirección, por el contrario, ha sido zancadilleada por los Gobierno español y francés con el argumento de que las entregas iban a ser meras escenificaciones.
arsenales a menos Los zulos de ETA también han sido hallados en suelo vasco, aunque han sido localizaciones de una entidad menor y de forma muy esporádica. La incautación más importante de todas las practicadas se llevó a cabo en una vivienda de Biarritz donde en mayo de 2015 la policía gala, en colaboración con la española, localizó un total de 19 revólveres, siete pistolas, mil cartuchos de distintos modelos o unos 50 kilos de material para la fabricación de explosivos. ETA volvió a responder acusando a Madrid y París de querer hacer imposible el “avance del conflicto”.
En 2012, asimismo, se efectuaron hasta tres localizaciones de munición destacadas, aunque se efectuaran en territorio galo: la primera en las cercanías de Capbreton; la segunda en Saint-Aigulin, cerca de Burdeos, con una cantidad no determinada de dinero y diverso material informático, y la tercera en Montpellier, en la que según las autoridades al otro lado de la muga del Bidasoa, se requisaron tres bidones con diverso material para fabricar bombas. Los responsables antiterroristas achacaron esta última actuación a la detención de Izaskun Lesaka, considerada parte de la cúpula y con responsabilidad en la salvaguarda del cada vez menor armamento del que la organización iba disponiendo en sus escondites. ETA ha ido perdiendo sus zulos a golpe de operaciones policiales, mediante las que los gobiernos de España y Francia le lanzan un contundente mensaje: la negociación no tiene cabida, solo cabe su disolución.