“Los límites de la legalidad se pueden gestionar de muy diferentes maneras según la voluntad política que exista”

-El acuerdo de coalición hace referencia a esta cuestión, y si en algo se incide es en ese reparto de papeles, y en la identificación particularmente del papel que va a jugar el Parlamento y la ponencia en el diseño del autogobierno del futuro. Al mismo tiempo se asigna un determinado papel al Gobierno en la defensa del autogobierno reconocido ya en el Estatuto de Gernika y en la labor para garantizar su pleno desarrollo, algo que tantos años después está sin materializar.

¿Cree posible conciliar las posturas de PSE y EH Bildu en el Parlamento sobre el estatus político? ¿Alguno de los dos se quedará fuera del consenso?

-A nadie se le oculta que la tarea no es sencilla y que las posiciones de partida de las formaciones políticas son muy diferentes y en algunos casos abiertamente antagónicas, pero esto ocurre prácticamente en todos los ámbitos de la acción política. Cuando se presenta un panorama disperso con posiciones distintas y contradictorias entre sí las opciones son dos, que cada uno se encierre en sus posiciones y el acuerdo no sea posible, y que la posibilidad de avanzar quede definitivamente ocluida; o que todo el mundo haga un esfuerzo por buscar la conciliación, por modular sus posiciones en la búsqueda de un acuerdo que permita contar con un proyecto compartido que cuente con el respaldo que necesita cualquier fórmula de convivencia para el futuro. Yo confío en la capacidad que tienen las fuerzas políticas y en la disposición con la que afrontan esta legislatura para llegar a acuerdos. El acuerdo suscrito con el PSE habla de definir unas bases y principios con el mayor consenso posible, ahí está el desafío de los partidos. Hay disposición, hay ganas y hay voluntad, y no hay por qué suponer que las dificultades que existen y que nadie niega no vayan a ser superadas, si hay voluntad de trascender la posición particular para buscar el punto de encuentro y lo que nos une.

El término nación que defiende el PSE ha pasado de ser una vía para acercar posturas entre unos y otros a un tope del que no pasarán los socialistas, a tenor de lo señalado el miércoles por Idoia Mendia. ¿Cree que esta cuestión causará problemas en el futuro?

-Insisto, hay diferencias en muchos aspectos en relación al futuro autogobierno y en torno a la caracterización de la comunidad vasca como nación, o como realidad nacional, o como nacionalidad o como lo que tenga que ser... Entrar ahora en ese tema sería anticipar el debate que hay que abordar en el seno de la ponencia de autogobierno. Es un dato más que constata la existencia de diferencias, pero que también denota un esfuerzo por parte del PSE para buscar el encuentro. Seguramente hay militantes del PSOE que no comparten esa visión que expresa la secretaria general del PSE y que seguramente está articulada hacia la búsqueda de un punto de encuentro con el resto de formaciones, sabiendo que en el Parlamento Vasco puede haber una mayoría partidaria de identificar a la comunidad vasca como una nación.

En el resto de materias parece que no hay grandes diferencias, aunque el acuerdo se ha tenido que trabajar mucho. ¿En qué medida han sido cruciales los pactos de la pasada legislatura para regenerar la confianza perdida en la última década?

-Efectivamente, el trabajo conjunto realizado en la pasada legislatura, en la que aprobamos conjuntamente tres presupuestos del Gobierno, y además suscribimos un Plan estratégico de Reactivación Económica y de Empleo, marca la impronta de un Gobierno que se centra en la reactivación económica, en los estímulos para el desarrollo en el ámbito industrial y en la búsqueda de empleo. Ese trabajo conjunto, y también el desarrollado en el ámbito municipal y foral, lógicamente ha facilitado una aproximación de posiciones. El hecho de compartir una visión sobre lo que necesita el país en el ámbito económico y social ha facilitado las cosas, a pesar de lo cual ha habido muchos detalles que ha habido que definir y concretar, lo que ha requerido tiempo y esfuerzo. Sin embargo, como había disposición y voluntad, se ha sido capaz.

Precisamente fueron la convivencia y el estatus lo que separó la entente de los años noventa entre PNV y PSE. ¿Servirán como aprendizaje estas experiencia previas?

-Es una experiencia que ambas partes identificamos como un activo, no solamente de nuestras respectivas formaciones políticas, sino de la experiencia histórica del autogobierno contemporáneo. Sí es cierto que el paréntesis que ha habido desde aquella ruptura ha quebrado la experiencia directa y personal de muchos actores de aquella dinámica de colaboración; muchos de los actores que son protagonistas ahora o no estaban entonces o no tenían un papel protagonista. En cualquier caso, que haya voluntad, disposición y ganas para impulsar una nueva experiencia de coalición con objetivos definidos permite albergar esperanzas sobre el éxito de la empresa.

¿Qué ocurrirá si hay acuerdo sobre el estatus en Euskadi y el Congreso, o el Tribunal Constitucional, como acaba de ocurrir con Catalunya, lo rechaza?

-Yo me resisto a anticipar escenarios cuando todavía no se han dado los pasos previos. Situarnos en una hipótesis de futuro que da por supuesto que determinadas cosas se han dado cuando está por ver si se van a dar o no me parece un ejercicio de planificación estratégica de la actividad política. Sobre los límites de la legalidad, el planteamiento del PNV siempre va estrechamente unido con la idea del principio democrático, en el sentido de que en un sistema democrático la legalidad tiene que ser reflejo de la voluntad mayoritaria de la sociedad, pero todo el mundo sabe que los límites de la legalidad se pueden gestionar de muy diferentes maneras en función de la voluntad política que exista. No hay más que echar un vistazo a nuestra propia experiencia de autogobierno, cómo se gestionaron los referéndum de ratificación de los estatutos vasco y catalán, o el de Andalucía para ratificar la opción de los andaluces por el cauce definido en el artículo 151 de la Constitución. No hay más que ver en qué términos se produjo el debate en aquel momento sobre la legalidad y la constitucionalidad de lo que se hacía. Muchos decían que los referéndum catalán y vasco eran inconstitucionales, hubo un debate muy interesante al respecto, y hubo una intervención de Peces-Barba, nada menos, portavoz del PSOE entonces, diciéndole a Alianza Popular que no hiciera una interpretación del ordenamiento jurídico más propia de un matemático o de un físico que de un jurista, que tiene que tomarlo como un todo y además en consonancia o sintonía con la realidad política que se quiere regular. En Andalucía con el asunto de Almería ocurrió que se aprobaron dos leyes orgánicas de más que dudosa constitucionalidad y que nadie cuestionó, y si se hizo no se pudo impedir que finalmente prosperasen las iniciativas, teniendo en cuenta que lo que se quería era dar satisfacción a la voluntad de autogobierno de los andaluces.

El Parlamento va a acoger una ponencia de Memoria y Convivencia. ¿Exigirán en la reunión del martes con el Gobierno central la retirada del recurso sobre víctimas policiales?

-La voluntad del Gobierno siempre ha sido y va a ser, en el seno de la comisión bilateral de cooperación, la de defender al máximo las leyes y normas aprobadas por las instituciones vascas, porque son expresión legítima del ejercicio de las competencias que tiene reconocidas Euskadi en virtud del Estatuto de Gernika. Con este planteamiento hemos ido siempre a la comisión bilateral, y en este caso será lo mismo, la defensa de la constitucionalidad de la leyes impugnadas por el Gobierno central. Vamos a ver cuál es el planteamiento que hacen ellos, y en función de ello se abrirá una negociación que desembocará en lo que sea.

¿Va el Gobierno Vasco a reclamar formalmente la transferencia de las prisiones al Ejecutivo de Rajoy? El ministro del Interior ha dicho esta semana que no va a haber cambios en política penitenciaria.

-Son cosas distintas. Nadie pone en cuestión que hoy por hoy la política penitenciaria es competencia del Gobierno central, aunque venimos instándole a que la ejerza, en el caso de los presos de ETA, de una manera más flexible y humana, acorde al momento posterior al cese de la actividad violenta, y nadie pone en cuestión que la competencia sobre las prisiones vascas corresponde al Gobierno Vasco. Está claro en el Estatuto y es algo incuestionable, otra cosa es que los sucesivos gobiernos se hayan resistido a hacer efectiva una competencia que en el caso de Catalunya se materializó hace ya varios lustros. Nosotros no vamos a dejar de reivindicar la transferencia de las prisiones a Euskadi, está expresamente recogido en el acuerdo de coalición. También se hace referencia en el acuerdo a que el Ejecutivo va a defender que en política penitenciaria, con la normativa vigente, se puede hacer una gestión con un planteamiento diferente, no tiene sentido utilizar la política penitenciaria como un instrumento más de la política antiterrorista, pudo haber tenido sentido cuando la actividad terrorista de ETA acuciaba, pero esa amenaza ya no existe y no hay expectativa de que resurja.