MADRID. "Están sobreactuando y alejándose de la moderación, que es donde está el sentido común", ha avisado Rajoy tras ser preguntado por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, por los planes del Gobierno después de que la cámara le instara a que derogara una norma aprobada para "condicionar el derecho de protesta". "No pierda el tiempo, si usted no quita la mordaza la quitamos nosotros", ha insistido el diputado socialista.
Rajoy le ha contestado que "ni una sola persona" en la calle "le ha dicho ni una sola palabra" sobre la necesidad de derogar esta ley orgánica. "Decir hoy que España tiene un problema de ausencia de derechos y de disfrute de libertades no se lo cree absolutamente nadie", ha continuado el jefe del Ejecutivo.
HABLAR DE UN PROBLEMA DE LIBERTAD ES "UNA BROMA"
El presidente del Gobierno ha calificado de "broma" que se hable de un "problema de libertad de expresión o de derecho a la manifestación". "Ustedes sabrán lo que les conviene hacer", ha dicho a la bancada del grupo socialista, que ya ha presentado una ley de seguridad alternativa a la de 2015 -recurrida en el Tribunal Constitucional--, "derogar todas las normas de la legislatura con efectos positivos no es la mejor manera de construir".
Hernando ha recurrido a ejemplos de supuestos excesos en la aplicación de la 'ley mordaza' como los 6.000 procedimientos sancionadores por faltas de respeto a la Policía, las multas por hacer fotos a un coche patrulla o el caso de la periodista que saltó un cordón policial en la Audiencia Nacional. "Esa ley no fue dictada por los mercados ni por Bruselas", ha argumentado el portavoz del PSOE, que la ha achacado a la "ideología represiva" del PP.
372.000 DENUNCIAS
En este sentido, Rajoy ha replicado que las denuncias derivadas de las manifestaciones de ciudadanos representan el 0,02% del total de denuncias desde que entró en vigor la ley en julio de 2015, y fueron "siempre" por casos relacionados con "disturbios" o por protestas que no tenían autorización.
El jefe del Ejecutivo ha aportado este dato en la línea de lo que un día antes defendió en el Senado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Según los datos de este departamento, el 77,4% de las 372.000 denuncias tramitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana estaban relacionadas con delitos relacionados con el consumo de drogas, la tenencia ilícita de armas y el uso negligente de armas y explosivos.
La ley orgánica fue aprobada el 1 de julio de 2015, tras 16 meses de trámite parlamentario. En ese tiempo, el Gobierno accedió a modificar algunos de los aspectos más polémicos, estableciendo 44 conductas sancionadas administrativamente y poniendo fin a las faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
