Bilbao - “La oportunidad política no puede impedir cumplir la ley”. “La ley es para todos, nos guste o no”. Estas dos frases, pronunciadas por el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, en 2014 y 2015, se corresponden con la gestión que ha realizado en sus cinco años de mandato, caracterizada por la judicialización de la acción institucional vasca con la presentación de un millar de recursos al TSJPV. Sin embargo, este pretendido perfil de adalid de la legalidad -española- a toda costa difiere con la imagen que Urquijo ofreció al mediodía de ayer en el Casco Viejo de Bilbao: acompañado de sus familiares más cercanos, que adquirieron un disco compacto pirata en el top manta.
Junto a sus dos hijas y su mujer, que sostiene un billete de cinco euros recién sacado del bolso para realizar la transacción, y contemplando el CD copiado de forma ilegal objeto del deseo, la escena no es baladí. La reforma del Código Penal aprobada en 2015 por el PP -el partido del propio Urquijo- convirtió en delito la venta ambulante de productos falsificados, lo que puede acarrear al infractor una pena de cárcel de entre seis meses y dos años o incluso su repatriación, cuando hasta entonces tan solo suponía una multa económica.
En lo que al comprador se refiere, las multas por adquirir un producto en el top manta dependen de la ordenanza de cada ayuntamiento o de la normativa de la comunidad autónoma que regule la venta ambulante. En el caso de la ordenanza de Madrid, las sanciones van desde los 150 hasta los 6.000 euros. En conversación con DNA, Carlos Urquijo consideró esta cuestión como propia de su “vida privada”, ya que se encontraba con su familia “y no actuando como delegado del Gobierno”. Agregó que la publicación de esta información “solo busca hacer daño personal y político, es una utilización de un asunto privado para atacarme políticamente, lo cual es indignante y una bajeza”.
El del top manta es un problema recurrente al que no se acaba de encontrar una solución. El pasado junio, el presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi), Pedro Campo, denunció la “permisividad” de las autoridades ante la “competencia desleal” que supone esta práctica. Pidió por ello que se controle la “venta callejera ilegal, que está haciendo daño a muchos sectores”. “El Ayuntamiento dice que el control corresponde a la policía y estos dicen que la responsabilidad es del Ayuntamiento. Al final, entre unos y otros, la casa sin barrer”, lamentó.
Llamativo ha sido el caso del Ayuntamiento de Barcelona presidido por Ada Colau, que se ha posicionado del lado de los manteros y ha defendido la creación de un Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, provocando las iras de las asociaciones de comerciantes. A principios de año, el Consistorio anunció que las multas a las personas que adquieren productos en la calle se convertía en “una prioridad” para la Guardia Urbana. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, instó a luchar policialmente contra la demanda y las mafias que proporcionan productos ilegales a los vendedores. Como curiosidad, el PP en el Ayuntamiento de Barcelona denunció en febrero la “permisividad y complicidad” del gobierno municipal con el top manta.
Respeto a la ley Carlos Urquijo volvió a apelar a la legalidad el pasado martes, cuando ofreció al lehendakari Iñigo Urkullu la colaboración del Gobierno de España, a través de la delegación, pero siempre que dicha relación tenga “como base el respeto a lo que ya está acordado, a las normas que están vigentes y que deben ser cumplidas por todos, mientras no sean modificadas”.
Identidad española. Carlos Urquijo ha presentado 780 recursos al TSJPV entre 2012 y 2014, un millar desde que llegó al cargo. Con los mismos ha buscado defender la presencia de la bandera y lengua españolas en las instituciones vascas e impedir la celebración de actos políticos o reivindicativos relacionados con la situación de los presos y consultas populares.
Símbolos. Cerca de cien ayuntamientos de la CAV han sido advertidos o denunciados por sus comunicaciones o convocatorias en euskera. También se han presentado 223 recursos contra consistorios entre 2012 y 2014 para exigir la colocación de la bandera española.
