En el "95% de los casos" los Estados cumplen las sentencias del Tribunal Europeo de DDHH

Raimondi ha sido presentado por el Ararteko, Manuel Lezertua, el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Carlos Fuentenebro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, quien en una breve intervención ha apostado por dar "un impulso institucional" a la cultura de los Derechos Humanos que "permita afrontar con éxito los desafíos que amenazan la construcción de la Europa de las libertades".

En este contexto, Ibarra ha recordado las "graves afecciones a los Derechos Humanos" que se ha padecido este año con motivo del "aumento de la xenofobia en Europa, la quiebra de los derechos de los inmigrantes que llegan a las costas huyendo de la guerra o la barbarie del terrorismo yihadista".

Entre los asistentes a la charla ha destacado la presencia de la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería; el Fiscal Superior de Euskadi, Juan Calparsoro; la presidenta del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, o el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, entre otros.

En declaraciones a los periodistas, Raimondi ha destacado que si bien la Carta Europea de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, no se "ocupa como tal de los derechos sociales", el Tribunal Europeo que él preside ha desarrollado "una jurisprudencia creativa" sobre esta cuestión.

"Se necesita que haya una fuerte instancia jurídica nacional en cada país porque el primer actor, el protagonista, no es la Corte sino el espacio interno judicial", ha indicado, para añadir que "no se pueden concebir jueces democráticos sin una abogacía fuerte e independiente".

Respecto a cómo ha afectado la crisis económica a los derechos sociales de los trabajadores, Raimondi ha afirmado que se trata de una cuestión que, gracias a la jurisprudencia internacional, se otorga "la misma protección a los derechos sociales que al derecho a la propiedad".

"En tiempo de crisis hay que estar vigilante con estos derechos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce un amplio margen a los estados para legislar, sobre todo en época de crisis como mejor entienda", ha añadido.

En este contexto, ha remarcado que los derechos sociales "sí están protegidos" y pese a la libertad de los estados en estas materias, como en lo que se refiere a pensiones, "no se permite una reducción que vaya en contra de estos derechos".

Por lo que respecta al grado de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha recordado que las resoluciones son "obligatorias", pero su ejecución no corre a cargo del propio tribunal sino "del órgano político, del Consejo de Europa".

"La Corte sigue de manera estricta, con atención, la ejecución de las sentencias, y puede decir que en el 95 por ciento de los casos es satisfactorio el cumplimiento de las mismas", ha valorado.

"El Estado tiene que pagar a la víctima reconocida por el Tribunal, pero cuando la violación de Derechos Humanos muestra no un acto particular sino una dificultad de la ley, un no cumplimiento, el Estado debe poner en marcha medidas legislativas que lo corrijan", ha incidido, para añadir que sí se dan "casos muy marginales" en los que existen "problemas para su cumplimiento".

En su intervención, Raimondi ha incidido en que, pese a que en la vida cotidiana se concede un "papel esencial a los derechos económicos, sociales y culturales", son muchas las personas que "no disfrutan de dichos derechos de forma suficiente, ni en Europa ni en el resto del mundo".

"SIN PROTECCION TAN POTENTE"

"Sin embargo, a diferencia de los derechos civiles y políticos, definidos como derechos de primera generación y que gozan de una amplia protección jurisdiccional, los derechos económicos y sociales, que históricamente han conformado una segunda generación de derechos, no gozan de una protección tan potente", ha asegurado.

En esta línea, ha subrayado que el "instrumento" del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales es la Carta Social Europa, que "enumera ciertos derechos fundamentales y otros más secundarios".

"La Carta Social es un instrumento complementario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no puede ser sometida al arbitrio del tribunal", ha afirmado.

Tras valorar que es "muy positivo" que el Tribunal Europeo de DDHH haya "ampliado su protección a ciertos derechos económicos y sociales", ha subrayado que en el caso 'Airey vs Irlanda', que ha calificado de "pionero", el Tribunal consideró que "no existe división estanca entre la esfera de los derechos económicos y sociales y la de los derechos civiles y políticos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Asimismo, ha incidido en que "en numerosas ocasiones" el Tribunal Europeo de DDHH ha tenido oportunidad de fallar "en contra de despidos discriminatorios y de discriminación en ofertas laborales".

Raimondi ha reconocido además que uno de los ámbitos en materia de derechos sociales donde más intervenido la Corte ha sido en lo concerniente al derecho de asociación sindical y "en su vertiente negativa, es decir, el derecho a no adherirse a un sindicato".

"El Tribunal ha estimado que el derecho a no adherirse a un sindicato está reconocido en una mayoría de estados miembros del Consejo de Europa y suma un amplio consenso en el ámbito internacional. La libertad de elección sindical es esencial", ha afirmado.

Por contra, ha reconocido que el Convenio de DDHH no garantiza "de forma expresa" el derecho de huelga, pero teniendo en consideración la "importancia de dicha arma para los trabajadores y sindicatos, la prohibición de hacer huelga puede ser considerada injerencia en el ejercicio de los derechos garantizados".

CRISIS

Por otro lado, ha recordado que Europa se enfrenta a sendas crisis económica y migratoria "de escala excepcional", que plantean la cuestión de la "pobreza extrema en Europa" y ha incidido en que "la protección de las personas vulnerables es el núcleo esencial de la actuación de nuestro Tribunal".

"En el contexto de crisis que vivimos el Tribunal debe tener en consideración las circunstancias presupuestarias nacionales y no puede garantizar el derecho absoluto a la protección social", ha advertido, para añadir, no obstante, que "el contexto económico no puede justificar toda reducción de prestación posible"