madrid - El acercamiento de los socialistas a Mariano Rajoy en un intento de recuperar la centralidad y la iniciativa política ha provocado que el bipartidismo PP-PSOE tome impulso. Los acuerdos llegan tras una fase de incomunicación entre ambas partes, o incluso animadversión personal durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE, y también tras unos momentos donde se llegó a temer por la propia supervivencia de ese bipartidismo con la irrupción de nuevas fuerzas que podrían haber monopolizado la acción política. En una maniobra que sale a pedir de boca para PP y PSOE, las primeras medidas económicas pactadas en la recién estrenada legislatura española llevan su sello, en detrimento del protagonismo de los nuevos partidos, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Todo ello viene ayudado por la crisis del partido morado, ocupado en gestionar las discrepancias entre su líder Pablo Iglesias y el secretario político Iñigo Errejón, así como en los preparativos de su asamblea Vistalegre II prevista para febrero en la que puede resolverse esa discrepancia. El biorritmo de su iniciativa parlamentaria está siendo menor y, aunque también ha registrado propuestas para elevar el salario mínimo que han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados, no han tenido efectos prácticos, y quien ha acabado anotándose el tanto del aumento en el salario mínimo ha sido el PSOE pactándolo con Rajoy. Un dato que, a su vez, puede servir al socialismo para reivindicar su capacidad de interlocución frente a Podemos, a quien quiere presentar como una formación radical. Ciudadanos, por su parte, es el socio preferente de Rajoy, pero no le proporciona una mayoría absoluta, con lo que se expone a ser prescindible y quedar en segundo plano si cuajan acuerdos entre el PP y los socialistas.

PP y PSOE han pactado elevar el límite de déficit de las comunidades autónomas del 0,5% al 0,6%, aumentar el salario mínimo en un 8% hasta los 707,6 euros al mes, y subir impuestos para embridar las Cuentas estatales, fijando un nuevo gravamen para los refrescos, incrementando los que se aplican a las bebidas alcohólicas y el tabaco, y eliminando deducciones en el Impuesto de Sociedades. Ese acuerdo implica el apoyo del socialismo al techo de gasto, pero no a los Presupuestos, que insiste en rechazar. Ese pacto dejó fuera de juego a C’s, que además se opone a las subidas de impuestos. El malestar fue tal que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dio un paso al frente para tener un gesto de desagravio. Se reunió con el vicesecretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, para hablar de las Cuentas y perfilar la dotación de las medidas contempladas en el pacto de investidura.

El PP no quiere descuidar su interlocución con C’s, y también está cortejando al PNV, porque es consciente de que el acuerdo con los socialistas no se repetirá tantas veces como desearía. Es probable que Rajoy deba echar mano de C’s y el PNV para los Presupuestos. También podría darse el caso de que el socialismo accediera a negociar las Cuentas, pero no asumiendo en exclusiva la responsabilidad de apoyarlas, sino con el acompañamiento de otras fuerzas.

Todo apuntaba a que los socialistas iban a marcar distancias con Rajoy para curar las heridas internas que provocó la decisión de permitir su investidura. Sin embargo, en un contexto en el que carece de un liderazgo claro y sigue regido por una Gestora, la reflexión que se ha impuesto pasa por recuperar el protagonismo como primera fuerza de la oposición marginando a Podemos y participando en los acuerdos que sean fáciles de explicar (como el aumento del salario mínimo), mientras trata de liderar la oposición en las cuestiones que son su bestia negra, como la ley mordaza o la reforma laboral. Al mismo tiempo, evita que Rajoy convoque unas elecciones que le sorprenderían sin candidato. El PP siempre tuvo en mente el pacto con los socialistas porque con ellos desbordaría la mayoría absoluta y tendría 222 escaños.

tres acuerdos En el discurso de investidura, Rajoy apostó por una gran coalición con el socialismo, y le ofreció tres pactos en los que vio factible un entendimiento. No citó la reforma laboral ni la ley mordaza, dos ámbitos en los que Rajoy no admite revisión y donde cree que las posturas están más alejadas y el choque ideológico es mayor. En concreto, propuso la revisión de las pensiones, la firma de un nuevo pacto educativo que sustituya a la Lomce, y la financiación autonómica, que quiere encauzar de manera preferente con el PSOE en la medida en que gobierna en varias comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Baleares y Asturias). En paralelo, hay otras cuestiones que tienen la consideración de materias de Estado en las que ya ha habido coincidencia y se espera que la haya en el futuro, como el rechazo a la independencia catalana. En ese punto, PP y PSOE apoyaron el suplicatorio en el Congreso para que Francesc Homs fuera juzgado por la consulta del 9-N. A partir de ahí, no hay coincidencia en las soluciones, porque los socialistas quieren una reforma constitucional para mejorar el encaje de Catalunya en España, y Rajoy no la ve. En otros ámbitos se matiza que lo que quiere el PP es cerrar primero una propuesta con el PSOE para asegurarse de que hay agua suficiente antes de lanzarse a la piscina.

En materia educativa, el PP ya ha desmontado buena parte de la Lomce. Ha aparcado la reválida y ha regresado a las pruebas de selectividad al final de Bachillerato. Las pruebas de Primaria y ESO las va a elaborar Madrid, pero no tendrán efectos en la evaluación y no deberán realizarlas todos los estudiantes. Todo apunta a que el nuevo pacto lo firmarán PP, PSOE y C’s, que se han puesto de acuerdo para activar la subcomisión que trabajará en la redacción de esa reforma en el Congreso. Trabajarán en un Pacto Social y Político por la Educación que servirá de base para la nueva reforma.

El presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, se mostró cómodo recientemente con la dinámica de su partido. “El PSOE está ahora en la centralidad. Puede pactar con todos”, sostuvo. En otro momento de su intervención, llegó a decir: “Estamos mal, pero estamos mejor que hace un mes y medio”. Lo que quiere poner en valor es que los socialistas pactan con el Gobierno español, pero también con el resto de partidos de la oposición para desmontar las reformas más controvertidas. Hay otro punto que ha insuflado ánimos al PSOE. El acuerdo con el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca le ha servido para defender que, en su opinión, el socialismo atrae a los nacionalistas a la moderación y ampara terceras vías que sirven de modelo para Catalunya. Con ello busca quitar a Podemos la baza de que es el único partido con una propuesta territorial. El partido morado se ha postulado como solución por su defensa del derecho a decidir y su victoria en las elecciones generales en la CAV y Catalunya.

c’s y podemos La vía PP-PSOE ha inquietado a C’s. El gesto de la vicepresidenta no ha evitado que algunos ámbitos opinen que el partido ha sacrificado su perfil convirtiéndose en un apéndice del PP que, además, se lo paga abandonándolo por los socialistas. C’s es una formación muy marcada por el liderazgo personal de Albert Rivera, pero ese hecho no ha impedido que hayan aflorado discrepancias con vistas a su congreso de febrero. Se ha especulado con que la eurodiputada Carolina Punset lidere una alternativa, aunque de momento lo desmiente. En el partido hay quien no ve con buenos ojos tanta proximidad al PP, con el que ya de por sí pueden compartir varios postulados, de modo que se exponen a quedar vaciados de votos.

Podemos, por su parte, ha buscado su parcela de influencia en el Congreso recordando que tiene los escaños suficientes para forzar que una reforma constitucional se someta a referéndum. Cabe puntualizar que es obligatorio de todos modos en las reformas más peliagudas que afectan al núcleo constitucional (el modelo territorial o la Corona, por ejemplo). No lo es en reformas menores, como suprimir los aforamientos. En ese caso, resulta difícil imaginar que la ciudadanía lo vetara en una consulta.