La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, va a tener que esforzarse a fondo para socializar dentro del Ejecutivo de Rajoy ese nuevo clima que pretende implantar de apertura al diálogo y el acuerdo, aunque esa actitud esté claramente forzada más por su minoría parlamentaria que por su convencimiento democrático. Eso sería mucho pedir.

Sáenz de Santamaría es la poderosa interlocutora elegida por Mariano Rajoy para los siempre espinosos asuntos territoriales. Y ya había comenzado a dar pasos de acercamiento a Euskadi y Catalunya, planteando la posibilidad de retirar algunos recursos del Estado al Tribunal Constitucional contra normas autonómicas vascas y catalanas. Parece, sin embargo, que no todos los ministros están en la onda. Ahí está el titular de Justicia, Rafael Catalá, que, en abierta contradicción con Santamaría, dice que esas cosas no se negocian y que los recursos -faltaría más- están bien puestos. Es normal. Después de la inercia adquirida tras cuatro años de rodillo y otro de largo paréntesis de bloqueo, a este Gobierno le costará adecuarse a la nueva realidad de la absoluta necesidad que tiene de llegar a acuerdos. Eso, o que están jugando al poli bueno y al poli malo, lo que desde luego sería demasiada irresponsabilidad incluso para el PP.

Si no es por convicción deberá ser por obligación pero el Gobierno tendrá que entender de una vez qué es eso del autogobierno. A la vista está que le costará.

El ministro Catalá dijo ayer dos cosas antológicas. Una, que los recursos al Constitucional no se presentan “por capricho” o “para hacer oposición política en los tribunales”. Faltaría más. No, el Gobierno pone los recursos para acotar lo más posible la capacidad de autogobierno, reforzar su posición, ahogar política y económicamente a las autonomías, implantar sus políticas frente a reales o ficticias derivas nacionalistas siempre con la inestimable ayuda de un árbitro parcial (el TC) y cerrar así el círculo de la recentralización hacia la España una. Pero eso no lo dijo Catalá. Lo que sí afirmó -la otra antológica- es que los recursos interpuestos “tienen fundamento”. Mal día eligió para sustentar tal cosa, cuando justo ayer el Tribunal Superior vasco le insistía por segunda vez y con evidente tono recriminatorio que no ha lugar a la ejecución de la sentencia contra la 25ª promoción de la Ertzaintza. Debería explicar Catalá dónde está el “fundamento” de ese veto a la ampliación de la Policía vasca, incremento de agentes que ya estaba, por cierto, dialogado y acordado donde debía.

Tampoco son muy de extrañar estas posiciones de Rafael Catalá si se tiene en cuenta la peculiar sensibilidad que tiene el ministro, expresada también ayer, sobre una posible reforma de la Constitución, cosa que, en su opinión, es un asunto de las “élites políticas” ya que a él nadie le pregunta por ello cuando va a la circunscripción por la que es diputado, Cuenca.