BILBAO. Según ha explicado en comparecencia ante los medios la responsable de la Asesoría Jurídica de esa central, Pazis García, LAB presentó ayer la denuncia en los juzgados de lo Penal de Bilbao al estimar que la directora del SEPE ha denegado esa prestación aplicando una normativa que en junio fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.
En concreto, los servicios jurídicos de LAB han iniciado 60 reclamaciones de ese subsidio de desempleo que supone el cobro de 426 euros al mes durante medio año, ampliable hasta 18 meses.
El sindicato ha relatado que en 2014 el gobierno del PP empezó a denegar esa prestación a los presos relacionados con ETA cuando salían de prisión, sobre una norma que introdujo a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado, para modificar la Ley de Seguridad Social.
En esa modificación se introdujeron unos requisitos que debían cumplir los ex reclusos al objeto "de impedir que pudieran beneficiarse de esa prestación", ha considerado LAB.
Esos requisitos eran "curiosamente" los mismos que la ley penitenciaria exige a los internos de ETA para obtener el tercer grado y que incluían la petición de perdón y el arrepentimiento, la colaboración con la policía y la delación, entre otros, ha indicado.
Tras esa modificación, el SEPE "denegó sistemáticamente el subsidio de desempleo a los excarcelados", asegurando que no cumplían los requisitos de la nueva norma.
LAB llevó a los tribunales esa modificación y la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó ante el Tribunal Constitucional el requerimiento del análisis de la norma, con carácter previo a su aplicación.
García ha afirmado que el tribunal vasco planteó su duda sobre la legalidad de esa reforma normativa al entender que infringía el principio de seguridad jurídica ya que se cambia aprovechando una ley de presupuestos, que nada tenía ver con la materia penitenciaria que se trataba y que infringía el derecho a la reinserción social de los excarcelados.
Finalmente, en sentencia del 23 de junio de este año, el Tribunal Constitucional consideró los planteamientos del TSJPV y declaró la nulidad de la nueva normativa.
LAB solicitó entonces al Servicio Público de Empleo que rectificara y a la mayor brevedad revisara todos los expedientes denegatorios, aunque no obtuvo respuesta y siguió "actuando como si el TC no hubiera dictado resolución alguna".
El SEPE no ha revisado los expedientes denegatorios al amparo de la norma anulada y ha obligado a los interesados a acudir a los tribunales para obtenerlo, ha reprochado.
El sindicato ha censurado que ya en septiembre la directora provincial de Bizkaia volviera a emitir cuatro resoluciones denegatorias volviendo a aplicar la normativa declarada nula, por lo que LAB ha presentado la denuncia por delito de prevaricación, al entender que esas decisiones se adoptaron "a sabiendas de que eran injustas y arbitrarias".
