MADRID - El auditor del PP, Carlo Luca, reconoció el pasado martes ante el juez que instruye el caso Taula que las donaciones realizadas por los concejales populares en Valencia, encabezados por la exalcaldesa Rita Barberá, eran ilegales, pero descargó todas las responsabilidades en el grupo municipal valenciano al asegurar que la dirección estatal del partido no tenía conocimiento de las donaciones.

Según publicaban ayer diversos medios de comunicación -El Mundo, El País y Confidencial- Luca compareció ante el juez instructor a petición del propio PP, que está imputado como persona jurídica en la pieza separada de las donaciones. Según el auditor, la ilegalidad de estas donaciones, conocidas como Pitufeo, respondería al hecho de que se realizaron sin ponerlas en conocimiento del partido y al margen de las cuentas abiertas para financiar la campaña electoral, tal como establece la normativa. El Tribunal de Cuentas ya había confirmado que las cuentas que utilizaba el grupo municipal del PP en Valencia, encabezado por Barberá, escaparon a su control y que su existencia no le fue comunicada.

La intención del PP con esta comparecencia de su auditor es demostrar que la dirección estatal de Génova no tenía ninguna responsabilidad con respecto a la actuación del grupo municipal de la capital del Turia. Según informaban estos medios, el auditor llegó a afirmar que el propio fiscal del caso podría incurrir en gastos electorales si, por su cuenta y riesgo, decidiera pagar un cartel pidiendo el voto sin control del partido.

Dos billetes Según reconocieron miembros del grupo municipal del PP, entre ellos la propia Barberá, ingresaron 1.000 euros en la cuenta del partido. Posteriormente, y tal como se recoge en el sumario, recibieron dos billetes de 500 euros, un retorno en metálico de fondos de origen ilícito, presuntamente comisiones por parte de empresas a cambio de contratos. Barberá, sin embargo, negó haber recibido ese dinero. - DNA