MADRID - Tan solo 24 horas después de la presentación del proyecto de ley de presupuestos de Catalunya para 2017, que incluye dos partidas por un total de 5,8 millones de euros para el referéndum independentista fijado el próximo septiembre, la Abogacía del Estado ya tiene encima de la mesa ese texto y trabaja sobre la posibilidad de impugnarlo. En concreto, los servicios jurídicos de Moncloa han fijado su atención en la disposición adicional que insta a realizar un referéndum y tratan de establecer una posible conexión con la resolución sobre la hoja de ruta soberanista que aprobó el Parlament en 2015 y que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Así lo desveló ayer el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, quien explicó que “todo apunta” a que esa disposición de las cuentas “podría hacer referencia a un hecho que está absolutamente fuera del marco legal”. De este modo, si se demuestra esa relación, podría tratarse de “una incidencia de ejecución” de la sentencia del alto tribunal, lo que conllevaría la impugnación de ese apartado concreto de las cuentas. Millo consideró “discutible la idoneidad y legalidad” de la disposición adicional, e insistió en que si la misma es “consecuencia directa” de la resolución del Parlament que dio inicio al “proceso de secesión” llevaría a un incidente de ejecución y a una impugnación, ya que “no cabe en el marco legal vigente actualmente”.

En el marco de su primera visita institucional a la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, el delegado del Ejecutivo de Mariano Rajoy recordó que impugnar una disposición adicional del proyecto de presupuestos de la Generalitat “no sería ninguna novedad”, porque ya pasó en 2015 con las que hacían referencia a las leyes para crear estructuras de Estado, que fueron anuladas por el TC. “Podría darse el caso de que vuelva a ocurrir este año”, vaticinó.

En este sentido, Enric Millo consideró una “mala noticia” que las cuentas que presentó el pasado martes el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, incluyan una partida de 5,8 millones para procesos participativos y consultas populares, sin detallar cuáles. Apostilló que se trata de “mucho dinero público para este fin”. Eso sí, Millo aplaudió la rapidez con la que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a su petición de una reunión institucional, que tendrá lugar mañana en el Palau de la Generalitat. “Sigo pensando que a través del diálogo podemos encontrar soluciones para evitar una colisión”, dijo.

Operación de propaganda Las tensiones derivadas de la inclusión de dos partidas para el referéndum en el proyecto de ley de presupuestos se trasladaron ayer al pleno de control al president catalán. En esa sesión, Carles Puigdemont exigió a Mariano Rajoy un “diálogo bilateral” y sin condiciones previas, y denunció la posibilidad de que los “anuncios” del Gobierno español en favor del entendimiento formen parte de una mera “operación de propaganda”.

El presidente del grupo del PPC, Xavier García Albiol, le instó a no quedarse quieto “como una estatua” ante las “señales” enviadas por Moncloa en favor del diálogo, y el PSC pidió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un informe de los servicios jurídicos para que determinen si esas partidas se ajustan a la legalidad.