Lllegar a un acuerdo siempre supone, de entrada, un añadido: el de la estabilidad. Luego está el respaldo que ese pacto tenga y, por supuesto, el contenido de lo suscrito. Lo del cumplimiento, hay que dejarlo para cuando avance la legislatura.

Por partes. ¿Son buenos todos los acuerdos? No. No lo fue el que rigió entre PSE y PP porque, de salida, no contaba con el respaldo de la mayoría de la sociedad vasca: no estaban allí los que pese a haber ganado se vieron desplazados del acuerdo y no estaban los que fueron ilegalizados. Entre los dos, eran muchos más que los que apoyaban el Gobierno de López. ¿Es bueno este acuerdo PNV-PSE? Sí. Casi por los mismos motivos antes expuestos. Los partidos firmantes sumaron el 26 de septiembre 523.803 votos, frente a los 488.506 de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Plena legitimidad por lo tanto en el origen de este pacto.

Pero más allá de la aritmética (se quedan a un voto de la mayoría absoluta) está el contenido. Y ahí, el acuerdo firmado ayer, es un compendio de realidades y deseos. Las realidades son las coincidencias y los deseos constituyen el capítulo de las discrepancias. Por ser algo gráfico: PNV y PSE se comprometen en las horas de inglés en la enseñanza pero dejan la definición nacional y sus derechos para una ulterior negociación en la Ponencia de Autogobierno.

Es lógico que sea así. El Ejecutivo debe tener claras acciones de Gobierno y este, no lo olvidemos, es un pacto de Gobierno. Así pues, de esos setenta folios suscritos lo más exigible es lo concreto, esos desarrollos en materias tan diversas como transportes, educación, cultura, infraestructuras, asuntos sociales, empleo o sanidad. No es difícil prever que la ciudadanía será lo primero que juzgue porque es lo que inmediatamente repercute en sus condiciones de vida. Quienes se quejan de que habrá continuidad, deben tener en cuenta que eso es precisamente lo que ha votado la ciudadanía eligiendo al partido hasta entonces gobernante como primera opción a distancia del segundo.

Pero si hablamos de asuntos de más calado que requerirán acciones legislativas que precisen mayorías cualificadas, la cosa cambia. No tendría sentido cerrar un acuerdo entre dos si lo que se busca es el mayor consenso posible en materia de actualización del autogobierno.

Pero hay un tercer capítulo dentro de ese extenso acuerdo que no depende ni siquiera de los firmantes. Son las relaciones con el Gobierno español, con sus reclamaciones por el incumplimiento estatutario nuevamente detallado en las transferencias pendientes y sus propuestas sobre pacificación, amén de las que haya que establecer cuando se alumbre el nuevo capítulo. Ahí, lo único exigible es la firmeza en la unión frente a un tercero. No será fácil; ya lo está visando desde el minuto uno el PP, quinta fuerza parlamentaria en Euskadi.