MADRID - La exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá, negó ayer ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. A lo largo de su declaración, negó “expresamente” que la formación popular valenciana protagonizara ningún tipo de financiación ilegal o existiera caja B y que la secretaria del grupo, María del Carmen García-Fuster, le diera cuenta de las aportaciones investigadas. Sí reconoció, por el contrario, haber entregado mil euros como donación desinteresada a un partido que ayer instaló un cortafuegos sobre su persona. “No está ya en el Partido Popular y no tenemos nada que comentar al respecto”, respondió el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

Según el acta de la declaración, Barberá se limitó a reconocer este último pago, que efectuó en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros. A la senadora, que se dio de baja del PP pero mantiene su puesto en el Grupo Mixto de la Cámara Alta, se la atribuye indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. La exedil popular, no obstante, trató de echar balones fuera durante su comparecencia ante la Justicia. Sobre los hechos concretos de los que se le acusa, aseguró no saber si la formación que lideraba desde su atalaya como alcaldesa casi durante dos décadas y media manejaba dos cuentas corrientes -una de ellas en B- y si era el depósito residenciado en La Caixa la que recibía las subvenciones. Desconocía “todo absolutamente de las cuentas”, resumió.

Sobre los 1.000 euros aportados -y que la propia Barberá reconoció que aportó-, indicó no recordar quien le dijo que tenía que dárselos, pero sí que eran de carácter voluntario y no había ningún “castigo ni amenaza” a las personas que no contribuyeran con esa cantidad. La exlideresa del PP de Valencia apuntó desconocer, asimismo, si la medida tuvo éxito, puesto que ella no estaba en el Comité de Campaña, y aunque conoce a las personas que han asegurado que la cantidad le fue devuelta en dos billetes de 500 euros con posterioridad, no supo señalar a ciencia cierta a qué podrían obedecer tales manifestaciones.

Barbera reconoció que era “aconsejable” que los militantes aportaran una cuota dado que el partido necesita financiarse, y que la aportación era de 60 euros mensuales para aquellos que mantuvieran alguna responsabilidad y 30 euros para los militantes sin cargo. Esos abonos no fueron considerados como “financiación atípica”. También señaló que “a veces” había aportaciones extraordinarias y que era “típico en Valencia” reservar respecto de la Lotería una parte para el partido. Sobre García-Fuster, insistió que desconocía las manifestaciones que ésta había realizado anteriormente en sede judicial sobre aportaciones muy cuantiosas al PP por parte de terceras personas. En la pieza separada por la que Barberá está siendo investigada existen otras 47 personas más imputadas entre concejales y asesores populares, a las que se les atribuye donaciones de 1.000 euros que presuntamente les eran devueltas por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

“sacar votos” Durante la hora que permaneció testificando en el Supremo -dada la condición de aforada de la exmandataria popular-, la ex primera edil valenciana se limitó a contestar a las preguntas lanzadas por el fiscal, Juan Ignacio Campos, y a su defensa, y rechazó responder a las cuestiones planteadas por la abogada de la acusación popular ejercida por el PSOE, Gloria Pascual. Barberá recordó que a pesar de formar parte del comité ejecutivo del PP no había ostentado cargo local alguno. De la misma forma, explicó que el grupo municipal “era el brazo político” de la alcaldía y del gobierno municipal, siendo el órgano encargado de organizar mítines y otros actos de la formación. Con una relación “constante” con ese comité, y especialmente con el que ideaba las campañas electorales, su función era la de “sacar votos”.

Con la empresa pública Imelsa -dependiente de la Generalitat valenciana- en el ojo del huracán por supuestas prácticas irregulares cometidas en el cobro de trabajos que no se habrían realizado, Barberá sin embargo remarcó no conocer el sistema de contratación que mantenía la citada firma. De hecho, y tratando de desligarse del reparto de comisiones abonadas, Barberá afirmó no haber intervenido en adjudicaciones ni haber hablado nunca con ningún empresario que en dicho momento tuviera interés en algún contrato. Puntualizó, además, que prohibió que cualquier empresario entrara en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio.

El PP ideó un cordón sanitario en torno al caso de Barberá, que le explotó al partido en un momento muy delicado a mediados de septiembre mientras negociaba la investidura de Rajoy. Apartada del partido tras ser abrírsele una investigación por blanqueo de capitales, los populares prefirieron no valorar la situación. “No está ya en el PP y no tenemos nada que comentar”, respondió Casado. - E.P.