Hace un año, cuando varios comandos yihadistas asesinaron a 130 personas en París, el presidente Francoise Hollande declaró que Francia estaba “en guerra” y, al día siguiente, el primer ministro Manuel Valls anunciaba el inicio de un estado de excepción. Hasta hoy, porque primero venía el Mundial de fútbol, después otro terrible atentado en Niza con el atropello de decenas de personas y ahora, según el Gobierno, la amenaza persiste al menos hasta las elecciones presidenciales de 2017.

Sobre el resultado de tan prolongada excepción, tan larga que pasa a ser habitual, se puede discutir mucho aunque hay algunos hechos constatables. El primero, que las libertades ciudadanas están restringidas: manifestación, expresión, movimiento, etc. Se calcula que ha habido más de 4.000 registros sin autorización judicial y más de 300 detenciones sin asistencia jurídica. Pero, el terrorismo sigue golpeando.

¿Y qué ha pasado al sur de los Pirineos? Pues que a raíz del atentado, también en París, contra Charlie Hebdó en 2015 el Gobierno del PP introdujo una modificación penal para endurecer las penas contra los llamados “lobos solitarios” que, sin formar parte de una organización terrorista, sí cometían actos que podían encajar en esa figura. Rajoy con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez, todo sea dicho. Fue la traslación jurídica de aquel pacto antiyihadista con tufillo totalitario. Otra vez, menos libertad a cambio de una pretendida seguridad. Como en Francia o como en los Estados Unidos después del 11-S.

De aquellos polvos estos lodos. Porque de esa modificación arranca esta locura de encarcelar a un grupo de jóvenes navarros tratados como “lobos solitarios” (esa era la intención declarada) y por lo tanto tratados como terroristas por participar presuntamente en una agresión a dos agentes de la Guardia Civil.

De acuerdo, admitamos que no fue una simple trifulca tabernaria pero, ¿de verdad alguien en su sano juicio cree que estamos ante un caso de terrorismo? ¿Desde cuándo los terroristas se presentan en un juzgado para declarar voluntariamente? Todo se vuelve excepcional cuando las herramientas jurídicas lo permiten. Y la jueza, ajena a la realidad social, ha echado mano de una excepcionalidad puesta en marcha por unos irresponsables gobernantes y su irresponsable oposición.

Ante estas excepcionalidades, volvamos a defender las leyes garantistas, profesionalidad en la prevención y persecución del delito, cuerpos policiales que no actúen por venganza y magistrados que no persigan un minuto de gloria a cambio de exagerar hasta la caricatura la realidad. No creo que es mucho pedir, pero son tiempos de hipérbole.