iruñea - Según informaba ayer Naiz.info la juez de intrucción de Iruñea Mari Paz Benito se ha inhibido de la agresión a dos guardias civiles ocurrida en la madrugada del pasado 15 de octubre en la localidad navarra de Altsasu, y por la que están imputados dos personas. De este modo, el caso pasa ahora a manos de la Audiencia Nacional, que es la encargada de dirimir los delitos supuestamente relacionados con casos de terrorismo. La decisión sin embargo no es firme y la defensa de los dos jóvenes implicados ha anunciado que presentará un recurso.

La toma de postura de la magistrada de Iruñea se produjo horas después de que la Guardia Civil enviara un informe a la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en el que se detallaba la “campaña de acoso” que sufre este cuerpo en Navarra.

El pasado 26 de octubre, esta misma juez se acogió a la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se declaró competente para investigar, por un delito de terrorismo, la agresión de un grupo de personas contra dos agentes de la Guardia Civil que la noche del pasado 15 de octubre se encontraban con sus parejas en el bar Koxka de Altsasu.

La juez, que actuó a raíz de la denuncia presentada por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, entiende que los hechos podrían constituir un delito de terrorismo del artículo 573 del Código Penal, según la nueva redacción dada tras la reforma de 2015. El informe de la Guardia Civil ahora remitido reforzaría esta tesis, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas conocedoras de este caso.

El informe enviado a la Audiencia Nacional ha sido elaborado directamente desde la Comandancia de la Guardia Civil en Iruñea. En su auto de cuatro páginas, la juez Lamela acordaba practicar varias diligencias, entre ellas, requerir al juzgado de instrucción de la capital navarra que conoce de los hechos testimonio íntegro de las diligencias incoadas. La resolución calificaba de “brutal” la agresión sufrida por los dos agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban, “fuera de servicio y acompañados de sus parejas”, en el interior del bar Koxka.

Dos jóvenes de la localidad fueron detenidos y declararon en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Iruñea, que decretó la libertad con cargos aunque acusándoles de un delito de lesiones y atentado contra la autoridad. El Ministerio del Interior defendió que este delito se podría ver agravado por concurrir con otro de odio, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional abogó por encuadrar los hechos en un delito de terrorismo. - DNA/E.P.