madrid - La investidura de Mariano Rajoy da paso a una legislatura que se aventura complicada por el previsible pulso entre el Gobierno y el Parlamento, por las incógnitas que tendrán que despejar los partidos respecto a su propio futuro y por los retos pendientes de España tras 314 días con un presidente en funciones. Los próximos meses tendrán que desvelar, por ejemplo, si las fuerzas políticas son capaces de llegar a acuerdos ineludibles para certificar la estabilidad, si España avanza en su senda de crecimiento económico y creación de empleo a la vez que cumple sus compromisos con Bruselas, y si se convierte en inevitable el choque de trenes entre el Estado y Cataluña.
Un Parlamento protagonista
El reparto de fuerzas en el Congreso augura un periodo en el que habrá que negociar cada día y cada una de las iniciativas que planteen tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios, a la expectativa de si la oposición consumará el afán derogatorio expresado sobre diversas iniciativas aprobadas durante los primeros cuatro años de mandato de Rajoy. Esto conduce a una nueva forma de gobernar y a un papel protagonista del Parlamento, donde el pacto será inevitable y, en aras del mismo, los partidos deberán renunciar a muchas aspiraciones contenidas en sus programas electorales. Desde el Gobierno se califica de “colaborativa” la legislatura que viene, pero hay coincidencia en que Rajoy, aún con mayoría absoluta en el Senado, no va a tener nada fácil su tarea y tendrá que decidir cómo maniobrar ante las amenazas ya explicitadas por políticos como el catalán Francesc Homs para que el periodo que se abre sea un “calvario” para él.
Partidos, del terremoto a la sucesión
Los partidos tienen por delante un periodo que se antoja vital en la búsqueda de la reafirmación de sus señas de identidad. El PSOE ha de redoblar esfuerzos para intentar que, tras el terremoto que llevó a la creación de una gestora y a permitir mediante la abstención la investidura de Rajoy, las aguas vuelvan a su cauce y recobre su papel de alternativa. Para ello, ha de fijar la fecha de un Congreso que irá precedido de los movimientos que puedan hacer quienes opten al liderazgo del partido, con la duda de si la presidenta andaluza, Susana Díaz, dará definitivamente el paso, y si, apelando a las bases, Pedro Sánchez intenta recuperar la Secretaría General. Con su reeditada investidura, en el PP no hay contestación al liderazgo de Rajoy y será ratificado sin duda en el Congreso del partido que se convocará próximamente. Pero en ese cónclave podría haber decisiones que alimentaran las especulaciones sobre quién podría ser su sucesor. Podemos y Ciudadanos van a tener por fin oportunidad de que se compruebe su actuación en una legislatura con visos de continuidad y deberán definir su espacio. El partido de Albert Rivera tendrá que hacer equilibrios entre su papel de garante de la estabilidad y de exigente oposición, y el de Pablo Iglesias, en medio de los rifirrafes de su líder con Íñigo Errejón, deberá decidir si prima o no su alma de movilización en las calles e intentará atribuirse el de verdadera alternativa al Gobierno después de la abstención socialista.
El desafío catalán
No hay duda de que los planes independentistas abanderados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, van a ser un quebradero de cabeza para el nuevo Gobierno, que no tiene intención de ceder ni un ápice ni de dialogar sobre nada que tenga que ver con un referéndum. Con esos mimbres, no parece que pueda haber acuerdo alguno en una posible reunión entre Rajoy y Puigdemont que se ha ido dilatando a la espera de una investidura. Pero en este asunto todos los partidos tienen mucho que decir ante un horizonte en el que los tribunales, con el Constitucional a la cabeza, van a tener trabajo extra. Habrá que comprobar si, además de para la justicia, habrá espacio para la política.
Bruselas espera
El Gobierno tiene en lista de espera una serie de decisiones en materia económica de entre las que destaca la aprobación de los presupuestos del próximo año y con los que pretende ratificar el camino del crecimiento de la economía y de la creación de puestos de trabajo. No llegarán a tiempo esos nuevos presupuestos para el 1 de enero, pero, si consiguen el aval del Parlamento, podrían ser realidad en el primer trimestre de 2017. Bruselas los aguarda y, con la amenaza de congelar los fondos estructurales, espera que España adopte las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de déficit pactados. Rajoy, convencido de que habrá cumplimiento y la sanción no se convertirá en realidad, tendrá que buscar los apoyos necesarios al texto presupuestario, que se convertirá así en la primera prueba de fuego para determinar si la legislatura puede tener recorrido.
¿Estabilidad?
Esos presupuestos serán, por tanto, un test para la estabilidad ante el que el presidente no cerrará ninguna puerta de negociación incluso con grupos, como el PNV, que han votado en contra de su investidura. A priori, no hay mucha predisposición en el PSOE a contribuir a su aprobación. Ya hay voces, como la del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, que defienden que si no logran aprobarse los presupuestos, habría que convocar nuevas elecciones el primer día en que eso sería posible, el 3 de mayo, justo un año después de la última convocatoria de unos comicios generales. El nuevo mandato de Rajoy duraría así sólo seis meses.
