Gasteiz - El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, reiteró ayer la oferta a ETA de involucrarse en el plan de desarme presentado hace casi dos años mediante el que la institución cargaría con la responsabilidad de reunir y neutralizar los arsenales, y también con las eventuales consecuencias jurídicas de dicha iniciativa, aunque en Lakua aseguran contar con una fórmula legal para hacerla realidad. Con ese final ordenado, dijo Fernández, se podría fijar “un antes y un después”, un “punto de inflexión” en la actividad de ETA, para “empezar otra etapa” y evitar caer en “otros modelos más difusos”. De forma paralela, el lehendakari Urkullu pidió en Gasteiz, en la inauguración de las XXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional “una nueva política de Estado que favorezca las iniciativas” del Gobierno Vasco en materia de paz y convivencia.
En el día en el que se cumplían cinco años exactos del anuncio de la organización armada de poner punto final a sus actividades, Fernández advirtió a ETA de que la parálisis actual supone “perder oportunidades”, y por ello emplazó a la banda a dar pasos desde la unilateralidad. Si así lo hace, contará con el respaldo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
Al margen de la efeméride, la declaración de Fernández se produce en un contexto muy concreto. ETA trató en los últimos meses de abrir un proceso de desarme con el Gobierno francés y la respuesta fue el desmantelamiento del arsenal que la organización probablemente quería entregar a las autoridades; un zulo marcado que desenterró la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil el pasado 12 de octubre. El mensaje para la banda fue claro y nitido.
Así pues, cinco años después de poner fin a medio siglo de violencia, ETA malvive en un punto muerto, con una exigua militancia dedicada en exclusiva a labores logísticas y a esquivar a la Policía francesa. Apenas quedan una veintena de miembros, según las fuerzas de seguridad, que abogan por ejecutar el desarme bajo la tutela de un agente extranjero ajeno a Francia y España, bien sea la Comisión Internacional de Verificación (CIV) u otro. La organización teme que bajo cualquier otra fórmula los arsenales puedan acabar convirtiéndose en su propia ratonera, y el precedente de la citación en la Audiencia Nacional de los miembros de CIV tras el amago de entrega de armas que se produjo en Toulouse en febrero de 2014 no invita a pensar otra cosa.
La propuesta del Gobierno Vasco, dijo ayer Fernández, pasa por ejecutar el desarme “ante la sociedad vasca”. Hay “muchas fórmulas” para hacerlo, aseguró, pero ello requiere, que ETA dé pasos unilaterales. Sobre si tiene la intención de dar alguno con motivo de la celebración del Foro Social que este fin de semana acoge Donostia, Fernández afirmó que no tiene datos “como para hacer una valoración en ningún sentido”.
Por otro lado, la propuesta que ofrece el Gobierno Vasco plantea interrogantes. Aunque Lakua recibiera las coordenadas con la ubicación de los zulos, la Ertzaintza carece de competencia para actuar más allá del Bidasoa y requisar e inventariar las armas. Fernández eludía ayer entrar en “detalles técnicos”, y ponía el foco en la necesidad de evitar la grapización de ETA y poner un punto y final a su existencia.
Otro obstáculo al desarrollo de este plan de desarme es que no ha contado en el pasado con el aval por parte de la izquierda abertzale, ahora inmersa en una negociación con el PNV para la conformación del nuevo Gobierno, una negociación en la que la resolución de las consecuencias del conflicto es precisamente uno de sus pilares principales.
En ese sentido, Jonan Fernández expresó ayer su deseo de que el diálogo entre las formaciones parlamentarias sea más fructífero en los próximos años en todo lo relacionado con la paz y la convivencia. “En algún momento tiene que crearse un espacio compartido, es uno de los retos para la próxima legislatura”, señaló el responsable de estas cuestiones en el Ejecutivo, quien se mostró “optimista” al respecto.
Renovar la agenda El llamamiento a la banda por parte del secretario de Paz y Convivencia se produjo tras la presentación de todos los documentos generados por este organismo a lo largo de la pasada legislatura, entre ellos el informe externo que evalúa su trabajo y según el cual quedan asignaturas pendientes para completar el recorrido del Plan de Paz y Convivencia, principalmente debido al “bloqueo” por parte de “algunos actores significativos”.
Jonan Fernández explicó en ese sentido que la nueva legislatura, tanto en Euskadi como previsiblemente en España, “abre un nuevo tiempo, una nueva oportunidad”, y por ello abogó por dar “un espacio de confianza a la posibilidad de que se generen consensos”. Para ello, dijo, es necesario “cuidar mucho lo que decimos y hacemos”.
Además, dicho informe, el último documento incorporado a la compilación presentada ayer en Lehendakaritza, apunta a la necesidad de renovar la agenda del plan para tratar nuevos fenómenos como la inmigración, los refugiados, el terrorismo internacional, la desigualdad, y en general todo lo relacionado con la globalización. A este respecto, wel secretario vasco de Paz y Convivencia apuntaba ayer a “las nuevas amenazas y debates” que preocupan a la sociedad vasca. - DNA
