madrid - El PP se ha puesto la bata y se ha enfundado los guantes quirúrgicos para extender un cordón sanitario en torno a las declaraciones judiciales de la trama Gürtel para que no dificulten la reelección de Mariano Rajoy como presidente español. La estrategia pasa por recalcar que los hechos investigados son de una época anterior, un eufemismo para referirse al mandato de José María Aznar. Incluso ha pedido un ejercicio de abstracción a los partidos para que no tengan en cuenta lo que se diga en los juicios y tomen su decisión basándose en exclusiva en la necesidad de dar estabilidad al país. Así lo precisó ayer la vicepresidenta española en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la posibilidad de que el debate interno socialista se vea sacudido por las revelaciones de la trama.
Sin embargo, el PSOE está asumiendo por ahora un perfil muy bajo. En otras circunstancias, el caso hubiera desatado la crítica airada de los socialistas, pero la gestora está en otra fase, intentando evitar unas terceras elecciones que supondrían una debacle y, para ello, debe abstenerse y permitir que gobierne Rajoy, haciendo de tripas corazón y pasando de puntillas por los presuntos casos de corrupción. Las resistencias internas están complicando la maniobra, y el caso Gürtel no hace sino subir la temperatura de la olla a presión del debate. La situación está siendo muy compleja de gestionar y, por lo pronto, la reunión donde se iba a fijar la fecha del comité federal para tomar la decisión se ha aplazado del lunes al martes. Todo apunta a que el comité tendrá lugar el domingo, lo más tarde posible teniendo en cuenta que la ronda de contactos del rey arrancará un día después y la investidura deberá estar solucionada antes del día 31 o habrá elecciones.
Pero, ¿qué se ha dicho en el juicio? El presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, ha decidido colaborar con la justicia y la Fiscalía con la intención de reducir sus 125 años de condena. Esa intención le ha llevado a confesar en los últimos dos días la existencia de una trama entre empresas y administraciones gobernadas por el PP para conseguir que esos grupos empresariales tuvieran contratos. Los empresarios corresponderían esos favores con el pago de comisiones, y los políticos que colaboraban eran agasajados con regalos y viajes. El peso de la trama lo llevarían él mismo y el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Los negocios se habrían llevado a cabo durante la época de José María Aznar, y abarcaron incluso las contrataciones de las grandes obras en el Gobierno español, como el AVE o las carreteras. Apuntó a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, que por aquel entonces gestionaban Francisco Álvarez Cascos y Jaume Matas, pero la fiscal Concepción Sabadell no le preguntó quién ocupaba los cargos en ese momento y no fue más allá. En otro punto de su intervención, sí negó que Cascos hubiera recibido una comisión por los beneficios de una campaña electoral. Se hablaba de unos 50.000 euros. Era uno de los apuntes contables bajo las siglas “PAC” que la Policía interpretó que aludían al exministro, pero él matizó que no se refieren a “Paco Cascos”, y que podría tratarse de él mismo, “Paco Correa”. Anteayer tampoco quiso implicar del todo a Aznar aunque los hechos se produjeran durante su mandato, puesto que dijo que el expresidente no estaba muy al tanto de las cuentas.
Ayer siguió detallando las gestiones con los ministerios, con comisiones del 2 o 3% para Bárcenas. Concretó que los negocios se hacían con las empresas OHL, Dragados y grupo ACS, que ayer negaron de manera fulminante esa acusación y anunciaron una querella contra el presunto cabecilla de la trama. Volvió a señalar también al exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra Mato, Jesús Sepúlveda, como una de las personas con las que mayor volumen de negocio realizaba. Le valió ser agasajado con tres coches, dos Range Rover y un Jaguar. “Él me dijo, me apetece tener un Range Rover, y yo le dije, pues te lo compro. Yo le di el dinero en efectivo pero yo creo que él hizo un renting o un leasing o algo”, relató. El capítulo para obsequios dio para más, puesto que al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, le regaló abonos del Atlético de Madrid, en cuyo estadio se jactó de tener “como 25 palcos”.
DE AZNAR A RAJOY Correa se reafirmó en que los negocios acabaron con la llegada de Rajoy al partido, aunque añadió algún matiz y corrigió la versión del día anterior. Según dijo, la ruptura no se produjo porque el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, tuviera mala relación con Rajoy, sino porque la red fichó a un exasesor de Aznar. Un detalle que no afecta al meollo de la versión. A eso se aferró ayer Sáenz de Santamaría para decir que los hechos ocurrieron “hace bastantes años”. El PP dice que Rajoy despachó a Correa sin miramientos, aunque de todas formas poco negocio podría haber hecho la trama con el partido en aquel momento, ya que había perdido el Gobierno español. Tras la pérdida del ejecutivo, la red se desplazó a Valencia, donde el PP ha disfrutado de varias mayorías absolutas.
“Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darles gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país”, despejó ayer la vicepresidenta. Según dijo, los hechos ocurrieron en los años noventa y, en cualquier caso, pidió esperar a que se pronuncien los tribunales.