barcelona - El Tribunal Constitucional se resiste a utilizar la artillería pesada que le brindó la reciente reforma del PP. Los magistrados pueden sancionar a los cargos públicos que no cumplan sus indicaciones con multas de entre 3.000 y 30.000 euros, o con una inhabilitación, todas ellas medidas fulminantes que están generando un intenso debate en el seno del tribunal y que no terminan de ser utilizadas por las dudas sobre su constitucionalidad. Además, han sido objeto de recurso por parte de los gobiernos vasco y catalán, de modo que esas nuevas facultades se encuentran en un limbo jurídico. Ayer mismo, el tribunal abrió la vía penal contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, por no haber frenado la resolución que dio inicio al proceso de ruptura el 27 de julio, pero cabe matizar las implicaciones de esa decisión. Lo que dice el tribunal en ese auto es que en su momento avisó de que no se podía celebrar esa votación, y que ha detectado en Forcadell un “incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar” ese trámite, unos hechos que le parecen lo suficientemente relevantes como para ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que decida si abre la vía penal. Es decir, será el fiscal quien decida si hay delito, pero no el tribunal, que se pone de perfil.

“No es competencia de este tribunal resolver si la conducta de la presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal”, explica. La decisión se adoptó ayer de manera unánime. En cualquier caso, el tribunal sí activa de facto de la vía penal y deja a Forcadell en manos de la Fiscalía. Además, lanza una advertencia al resto de la Mesa, al president Puigdemont y a todo su gobierno recordándoles que deben abstenerse de aprobar medidas que se desprendan de la resolución suspendida. La votación del día 27 de julio queda suspendida a todos los efectos.

A partir de ahora, el proceso se adentra en una espiral de conflicto en los tribunales puesto que, ayer mismo, poco después de la emisión del auto, el Parlament procedió a votar una resolución sobre la comisión de seguimiento para impulsar el proceso constituyente. Ante los cargos de la Mesa y el Govern se abre un horizonte de posible inhabilitación, aunque las causas suelen dilatarse en el tiempo y no hay más que ver que el proceso sobre la consulta de 2014 sigue abierto.

Los hechos se retrotraen a la votación del 27 de julio en el Parlament, sobre la que pendía el aviso de inconstitucionalidad del tribunal. Ese día se votó la hoja de ruta del proceso, que consiste en ir conformando las estructuras de Estado y, a través de un mecanismo unilateral, activar una asamblea constituyente que redactaría una Constitución. Antes de iniciar la sesión, Forcadell preguntó a los portavoces de Junts pel Sí y la CUP si eran conscientes de las directrices del tribunal y si querían seguir adelante a pesar de ello. La respuesta fue afirmativa, y la presidenta se ha amparado desde entonces en que no tenía más herramientas para detener la votación. El tribunal, sin embargo, cree que es falso y que nada en el reglamento parlamentario la obligaba a actuar así. Añade que, de todos modos, ningún reglamento puede contravenir la Constitución.

“CENSURA” Los jueces han decidido enviar a la Fiscalía una comunicación sobre la presunta desobediencia de Forcadell. Dejan la decisión en manos de los fiscales, que deberán estudiar si presentan una querella “si lo estiman pertinente”. El proceso arrancó con un incidente de ejecución presentado por el Gobierno español. Forcadell reaccionó diciendo que hizo “lo que tocaba y lo volvería a hacer sin ningún tipo de duda”. “No conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión”, avisó. Según dijo, se atuvo al reglamento e hizo lo que se debe en un Parlamento: fomentar el debate.