MADRID - Ciudadanos no apretará más al Partido Popular en las negociaciones para la formación de gobierno. Se da con un canto en los dientes con la cuota de protagonismo y la influencia que ha arrancado en las últimas semanas al haber amarrado el acuerdo anticorrupción con los populares previo al inicio de esta negociación. El portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, señaló ayer que su partido acude con “espíritu constructivo” a las conversaciones con el PP y no pondrá nuevas “exigencias” a Rajoy, sino que tan solo “propondrá” medidas de su programa en busca de un compromiso del presidente en funciones.
Como avanzó ayer el partido emergente, sus peticiones no serán tan ambiciosas como las que hizo cuando suscribió en febrero el acuerdo, entonces sí de gobierno, con el PSOE de Pedro Sánchez de cara a la investidura que después resultó ser fallida. En esta ocasión, la formación de Albert Rivera no parece, en principio, interesada en participar en el gobierno, a pesar de que los populares volvieron ayer a intentar convencerles de que entren en el Ejecutivo de Rajoy, si éste finalmente logra superar el trámite de la investidura que arrancará el próximo 30 de agosto.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, señaló que hay que “alcanzar un gran acuerdo para un pacto de investidura que desearíamos que se convirtiera en un pacto de gobierno”, pero su propuesta todavía no ha tenido respuesta por parte de Ciudadanos que, de momento, es remisa a entrar.
El PP y Ciudadanos firmaron un pacto anticorrupción que deberá tramitarse en los tres primeros meses de la legislatura y con el que se inicia la negociación para que el partido naranja vote sí a la investidura de Mariano Rajoy, en una alianza “sin líneas rojas” que los populares aspiran a convertir en un “acuerdo de gobierno”. El acuerdo contempla seis medidas de regeneración que no tienen plazo de cumplimiento.
Hernando y Girauta fueron los encargados de firmar en el Congreso de los Diputados el pacto contra la corrupción, que incluye la prohibición de que ningún cargo imputado forme parte del Gobierno o tenga escaño en el Parlamento; la eliminación de los aforamientos y la reforma de la Ley electoral sobre tres principios: listas desbloqueadas, proporcionalidad y fin del voto rogado. Los otros tres requisitos son acabar con los indultos por corrupción política, la limitación de mandatos a ocho años y la apertura de una comisión de investigación sobre la “presunta financiación irregular del PP”, es decir, el caso Bárcenas.
Con la firma de estas condiciones, ambos partidos abren una negociación de contenidos y reformas para alcanzar en los próximos días un acuerdo de investidura, ya que el debate se inicia el 30 de agosto, siendo la primera votación el 31, por mayoría absoluta, y la segunda el 2 de septiembre, por mayoría simple. Estas seis condiciones planteadas por la formación naranja y aceptadas por el PP se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la legislatura, a contar desde la fecha de investidura.
Ambos partidos designaron a sus equipos negociadores, que mantuvieron ayer la primera reunión en el Congreso, los cuales abordarán cuatro bloques: el económico, el social, el pacto por la educación y el fortalecimiento de las instituciones.
Girauta afirmó que su partido no descarta llamar a declarar a Rajoy, en la futura comisión de investigación sobre la “presunta financiación irregular del PP”, es decir, el caso Bárcenas. Esta es una de las seis medidas contempladas en el pacto anticorrupción para empezar a negociar el acuerdo de investidura. “Hoy se ha firmado la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, que abarca más que el caso Bárcenas; podríamos llamar a declarar o no a Rajoy, es muy pronto para saberlo, pero no lo descartamos”, afirmó.
Girauta señaló que “ahora no se puede usar el verbo exigir, es una etapa de negociación y el PP está por la labor de ampliar las medidas contra la corrupción”. “No haríamos un favor a nuestro país si fuéramos demasiado concretos, porque esto no es un pacto de Gobierno, es un pacto de investidura”, precisó. - DNA
Medidas. El pacto se deberá tramitar durante los tres primeros meses de la legislatura y contiene las siguientes medidas:
1. Separación inmediata de cualquier cargo público que imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución del procedimiento judicial.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos.
3. Nueva Ley electoral bajo estos principios:
- Incrementar la proporcionalidad.
- Listas desbloqueadas: establecer para la elección de diputados un sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes.
- Reformar el sistema de voto de los residentes extranjeros para facilitar una mayor participación.
4. Eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política.
5. Limitación del mandato o ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos.
6. Crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP.
