Bilbao - La candidata a lehendakari de Podemos, Pili Zabala, eludió ayer posicionarse sobre si es independentista o no. Rechazando entrar de lleno en el debate identitario en el que la formación morada prefiere pasar de puntillas pese a realizar guiños en favor del derecho a decidir como fórmula para mejorar el encaje de la CAV en el Estado, la aspirante de la formación morada prefirió nadar y guardar la ropa en un asunto que puede resultar espinoso para el partido. Cuestionada sobre si es favorable o no a la independencia del País Vasco, Zabala rehuyó valorar su postura amparándose en que “la opinión de una persona, independientemente de que esa persona sea Pili Zabala, no es lo importante”.

“La independencia del País Vasco, llegado el momento, se tiene que basar primero en la construcción de un modelo de país, de un modelo territorial en el que las personas se sientan cómodas, reflejadas e identificadas”, prosiguió durante una entrevista en la cadena Ser sin querer entrar de lleno en el debate sobre la independencia, que “no es una de las prioridades actuales de la sociedad vasca”. A su juicio “lo ideal sería conseguir un modelo territorial en el que existiese el mayor consenso posible de todas las sensibilidades”, terció, para después asegurar que, una vez hollado ese escenario, se podría dar el paso a que fuera “la ciudadanía vasca quien decidiese lo que quiere”. En suma, a activar un referéndum en una fase posterior. “Ante un tema tan importante, es la ciudadanía vasca quien tiene que decidir qué es lo que quiere ser. Ni los políticos ni el Parlamento”, valoró.

“Aquí veo un error, y es que se tiende a dar importancia a la decisión del partido”, según estimó. “En libertad, en una democracia madura, en una democracia participativa, es la ciudadanía, ante cualquier tema importante y de calado, la que decide lo que considera más adecuado a ese momento y a ese lugar”, se reafirmó Zabala sobre la aplicación de las consultas que Podemos aspira a llevar a buen puerto y más allá de las fronteras del debate meramente territorial. Esta no es una postura nueva en la estrategia de Podemos, que se estrenó en marzo pasado en el Aberri Eguna aludiendo al derecho a decidir aunque sin abrazar de lleno la cuestión identitaria. Esa apuesta por las consultas le dio buen resultado, precisamente, en la CAV y Catalunya, dos territorios en los que esta cuestión concita un mayor apoyo popular. Y Zabala se apuntó ayer al modelo de inspiración canadiense -con una Ley de Claridad- con el que aspiraría a dar cauce “democrático, legal, transparente y público” a un posible referéndum.

Asegurando haber votado a Podemos desde su fundación tras haber simpatizado “por sensibilidad, acercamiento y fidelidad a un sufrimiento que fue solo identificado por un sector de población” con “sectores y partidos de la sociedad vasca” que apoyaron a su familia, caso de EA o la izquierda abertzale, la aspirante al sillón de Ajuria Enea en los comicios del 25-S tampoco se pronunció de forma firme sobre una de las infraestructuras claves para el futuro de Euskadi. El tren de alta velocidad no entusiasma a Podemos, pero ha pasado de cuestionar su utilidad a pasar al bando anti-TAV declarándolo “antisocial”, “insostenible” y “elitista”. El programa de las elecciones del pasado diciembre abogaba por paralizar las obras iniciadas para efectuar un estudio exhaustivo y reformular el proyecto en su totalidad. Zabala no fue tan contundente y dijo que “habría que valorar todos los trayectos para ver si son dignos de modificación”. La premisa es que los tramos “tuvieran el mínimo impacto ecológico”.

acercamiento de presos Zabala censuró al Gobierno Vasco por “no haber actuado correctamente”. La razón esgrimida fue ser un Ejecutivo que tras una legislatura completa “deja más desigualdades sociales en la ciudadanía” por la acción de un PNV que, superado en dos ocasiones electoralmente por Podemos, ha podido padecer el “hastío” de los ciudadanos por su forma de gobernar. Hermana de un presunto miembro de ETA asesinado por los GAL, por último se mostró a favor del acercamiento de presos, ya que la política de dispersión que mantiene el Ejecutivo español “no favorece el principio de reinserción social”.